El tema del debate político instaurado actualmente en nuestro país se centra en la justicia. Hay diversas posiciones de los distintos sectores con relación a la manera como se debe dar la transformación en el poder judicial.
Todo gira en torno a la Corte Suprema Justicia, que indudablemente es el epicentro de la imperante corrupción que rodea a la justicia paraguaya.
La disputa mayor se da entre dos grupos políticos bien identificados del coloradismo, donde un sector está con el cambio total de los actuales miembros de la Corte y otro con la reforma judicial.
Evidentemente existen grandes intereses creados en torno al movimiento del tablero en la Corte Suprema, donde la justicia en esta nación guaraní está bajo control del termómetro político.
El grupo ligado al presidente de la República, Horacio Cartes, y que está bajo la batuta del senador Juan Carlos “Calé” Galaverna, pretende cambio de hombres en la Corte, y en caso de aferrarse al cargo, lo amenazan con el juicio político.
El otro sector republicano, liderado por el polémico y cuestionado político esteño, Javier Zacarías Irún, propone como condición, la reforma judicial y no sólo el cambio de hombres dentro de la Corte (sic).
La propuesta del ex intendente paranaense huele a una jugarreta, tomando en cuenta que él y su entorno más inmediato son los que más se benefician con la corruptela existente en el poder judicial, gracias a la eterna impunidad del que goza el clan Zacarías, para perpetrar sus grandes fechorías.
Hoy, estratégicamente, propone con su sector político en el parlamento, que el cambio en la Corte debe venir a través de una reforma judicial. Esto más bien es otra jugada de Zacarías, que intenta de esa manera mantener en el cargo a algunos de los ministros, como Sindulfo Blanco, que haciendo honor a su apellido, se dedica a “blanquear” los grandes negociados del clan, perpetrados en esta zona fronteriza de la república.
Basta puntualizar un hecho que se habría registrado la semana pasada, cuando el ministro Blanco estuvo por Ciudad del Este. La alta autoridad judicial- según una fuente fiable- habría convocado a la jueza Máxima Meza para que revea inmediatamente la medida de embargo impuesta a la municipalidad esteña, por negarse a cumplir con la resolución judicial, que ordenaba a la institución a pagar una millonaria indemnización a un grupo de 30 ex empleados de la comuna, que fueron despedidos de forma injustificada.
La idea del clan Zacarías es seguir gozando de la impunidad que le permita convertir a la capital del Alto Paraná en un lugar sin ley, donde impera la del más fuerte, al estilo de la ley de la jungla. Y lo más curioso y llamativo de todo esto, a pesar de las denuncias de presuntas irregularidades efectuadas contra la administración municipal, bajo dominio del clan, es que no se recuerda que un fiscal haya llamado a una indagatoria, mucho menos una imputación contra la pareja Zacarías, que maneja el dinero público como un negocio privado.
Pero independiente, lo que se necesita en este país es una justicia igualitaria para todos. Que a la hora de emitir un fallo judicial, no se tenga en cuenta el nivel económico, partido político ni religión, sino que impere la imparcialidad y que la vara la justicia caiga sobre aquellas personas que caminaron al margen de la ley y que los inocentes dejen de pagar por la culpa ajena, como estamos acostumbrados en esta nación guaraní, donde el Poder Judicial está bajo el yugo político. Es hora de acabar con esa práctica nefasta.
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