Escribe: Luis Alen.
Ya instalado en el Gobierno, el cartismo realizó la primera movida clave con la convocatoria a los organismos especializados en la lucha anticorrupción como la Contraloría y el Ministerio Público, con el fin de impulsar la investigación de la gestión de Marito Abdo. Se cumple así con el objetivo de Horacio Cartes, que busca involucrar a la Fiscalía en su contraofensiva que procura evitar que avancen las investigaciones en su contra.
En una reunión que no estaba agendada, el presidente Santiago Peña convocó el domingo 20 de agosto en el inusual horario de las 15 a los titulares de los otros dos poderes del Estado y de los organismos extra poder especializados en llevar adelante los procesos legales ante la Justicia en materia de corrupción, con el fin de tratar una línea de acción a seguir en la lucha contra este flagelo.
Es de elogiar la postura del jefe de Estado, a poco de asumir, mostrando su compromiso de barrer en el Gobierno con los funcionarios corruptos e involucrar en esta misión a los demás estamentos estatales que por ley están preparados para ello, como la Contraloría y la Fiscalía. También se incluyó en la agenda el combate al contrabando, a los narcos y el tráfico de armas.
Santi Peña pudo así explicar a la opinión pública que su intención de deshacerse de la Secretaría Anticorrupción no tendría la finalidad de no dar importancia al tema, sino, por el contrario, se trata de una jugada política hábil del cartismo para convencer principalmente a la Fiscalía que gran parte del trabajo le corresponde a los fiscales.
Sólo que la intención subyacente en este propósito encomiable tiene como principal objetivo la investigación a la finalizada gestión de Marito Abdo, dando más espacio y seguimiento a la sed de venganza del “hombre fuerte” Horacio Cartes.
De allí que el éxito o el fracaso de la cumbre de poderes y de la intención cartista estará supeditado inevitablemente a que el actual poder político omnímodo de HC pueda o no lograr que el fiscal general realice primero una movida “anti Marito”, desechando una primera acción “anti HC”.
La verdadera urgencia
Hay otro propósito aún más urgente: es que HC también desea adelantarse ya a cualquier acción que tome la Fiscalía en su contra, poniéndole entre la espada y la pared a Emiliano Rolón para elegir si continúa o no como partícipe en la toma de decisiones de la “cumbre anticorrupción”, ya que el fiscal general ha tenido el claro mensaje del titular de la Contraloría, avisando que será la persona encargada de enviarle los números de la gestión abdista.
En caso de sujetarse a la “orden superior” de Cartes, el fiscal deberá iniciar procedimientos contra la administración pasada una vez que reciba datos del contralor, pero también puede desatender la “sugerencia” de HC para concentrarse en los procesos pendientes contra el Patrón, lo que provocará inevitablemente la ruptura del fiscal general con la cumbre promovida por el cartismo.
La apurada convocatoria de Santi Peña ha tenido así el carácter de un virtual “apriete” al fiscal general Rolón, con el aditamento de una suerte de aquiescencia del contralor Camilo Benítez, quien expresó al término de la reunión que estaba de acuerdo prácticamente con la eliminación de la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo, como era la intención ya anunciada de Santi Peña, para dar lugar supuestamente a que toda la iniciativa de lucha contra la corrupción se concentre en la Contraloría para luego enviar los datos a la Fiscalía General para su posterior juzgamiento en los tribunales bajo la inspección de la Corte, cuyo presidente César Diesel fue partícipe de la “cumbre”.
Rolón en principio ya se manifestó en varias ocasiones contrario a recibir “indicaciones” del Ejecutivo, como también directivas de poderes políticos o fácticos, pero ahora sobrevino la prueba de fuego para él mismo con la concurrencia a la “cumbre”, que no ha tenido otra intención que mostrarle la hoja de ruta que le podría indicar HC.
¿Habrá nueva cicatriz?
Una salida pragmática para Rolón podría ser llevar adelante las investigaciones en simultáneo tanto contra Marito como contra Horacio, pero el gran problema está en que una investigación en profundidad contra ambos inevitablemente llevará a un problema de gobernabilidad para la ANR y sus bancadas en el Congreso, así como ya ocurriera en el gobierno anterior, cuando el abdismo tuvo que pactar impunidad mutua con el cartismo para sortear los dos juicios políticos contra Marito en el caso del acta secreta de Itaipú, en julio de 2019, como por la convulsión social de marzo de 2021 ocasionada por los desaciertos en la atención de salud durante la pandemia, pese al gran endeudamiento del país para financiar los efectos de la crisis sanitaria.
Ahora el gobierno cartista de Santi Peña se jacta de impulsar los planes anticorrupción, incluso poniendo casi en ridículo la supuesta inutilidad de la Secretaría Anticorrupción de Mario Abdo, que sin embargo había dado la voz de alarma sobre el avión iraní-venezolano, con vínculo con los terroristas del Hezbollah libanés, que había venido a llevar en mayo de 2022 cigarrillos de Tabesa de HC, para su posterior distribución por el norte del continente desde el paraíso fiscal caribeño de Aruba.
Lo que sí debe ser explicitado es que cualquier iniciativa tanto de la Secretaría Anticorrupción o de la Contraloría, en el gobierno pasado abdista, tenía el destino asegurado de ser encajonada por los fiscales de Sandra Quiñónez, en el caso que afectasen los intereses del Patrón HC o de sus allegados del círculo áulico cartista, dada la manifiesta sujeción a las órdenes cartistas en el Ministerio Público durante el período anterior 2018-2023.
Es cierto que el cartismo puede tener mayoría propia en el Parlamento con el auxilio de votos liberales o de otros opositores “satélites”, por lo que el diferendo entre colorados podría definirse ya en el terreno judicial y especialmente por el lado de una actuación independiente del fiscal general Rolón, quien será el encargado de decidir si tienen o no consistencia las acusaciones cartistas contra Marito, en el sentido de que habría perpetrado varios presuntos golpes ilícitos contra las arcas públicas en sus cinco años de gestión.
La vuelta de una operación Cicatriz como la llevada a cabo en plena pandemia y con fines electorales antes de las elecciones municipales de 2021, no sería factible esta vez porque en el ámbito político no están dadas por ahora las condiciones, pero sí la búsqueda de impunidad mutua entre HC y Marito podría trasladarse al plano de la Justicia, a estar por la convocatoria del domingo 20 de agosto de los tres poderes más los organismos extrapoder.
De esta manera, se puede decir que la cumbre dominguera se enmarca en la evidente intención del cartismo de “sancionar” a Marito a como dé lugar, y más aún para que así el proceso contra el mismo HC en la Fiscalía quede en segundo plano o incluso pueda ser nuevamente encajonado, siempre a la espera de algún pedido de extradición que pudiera provenir desde el Norte del continente.
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