Denuncian a fiscala de Itapúa por no investigar despojo de tierra en Iruña

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La denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la fiscala Carolina Valdez Florentín, de Encarnación, pone de evidencia el peligro de la colusión del Ministerio Público con los poderes fácticos, en contra de los intereses auténticos de la sociedad.

La fiscala Carolina Valdez Florentín, de la ciudad de Encarnación (Itapúa), fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por no investigar una grave denuncia de estafa en el que están en litigio tierras de valor multimillonario, entre ellas una valiosa finca de Iruña (Alto Paraná) poniendo en peligro el derecho de propiedad solventado en escritura pública y asentado en los Registros Públicos.

 

Con la falta de investigación de la fiscalía está en entredicho el papel rector del Ministerio Público en los procesos penales, dejando así un precedente nefasto de indefensión de la sociedad ante el accionar doloso de poderes fácticos y de organizaciones de tipo criminal para el despojo de propiedades con la anuencia de las autoridades judiciales.

Una especie de “crimen perfecto” se fue armando por parte de una familia de Capitán Meza, departamento de Itapúa, en contra de la señora Andrea Susana Eberhardt Roitner, quien había denunciado a su ex-marido Ronald Armín Lautenschlager Verruck, de connivencia dolosa con su padre y su abuelo para “robarle” literalmente una propiedad de centenares de hectáreas valuada en 5 millones de dólares, que había recibido como parte de un acuerdo de divorcio y que fuera inscripta en los registros públicos a su nombre y en el de su hija menor nacida precisamente del matrimonio ahora disuelto.

Primera Plana ya se había hecho eco en publicaciones anteriores que Andrea Susana pondría el caso en manos de la fiscalía, como un hecho de estafa, pero confirmando que la vara de la justicia en nuestro país se halla sometida a las influencias provenientes de poderes fácticos políticos o empresariales, se hizo patente la inacción de la fiscala de Encarnación denunciada ante el JEM, Carolina Valdez.

La agente fiscal, ahora en la mira del JEM, pretende nada menos el sobreseimiento definitivo del ex-esposo de Andrea Susana, Ronald Armín Lautenschlager, ignorando la grave denuncia sobre la supuesta estafa perpetrada por éste contra su ex-mujer. 

Es que la fiscala, al no realizar su trabajo de reunir las pruebas del ilícito con el fin de ir al juicio oral y público, lo único que hace es contribuir con su inacción a la primacía de la impunidad, pese al cúmulo de evidencias de un posible hecho punible.

 

La escandalosa impunidad

La defensa de Andrea Susana Eberhardt Roitner solicitó al juez el trámite de oposición al pedido de la fiscala Valdez, con el fin de evitar que el caso vaya al famoso “opa rei” folclórico de la eximición de la sanción penal para quienes osaron declarar letra muerta la documentación vía escribanía, poniendo en ridículo la registración pública.

Al desechar la investigación, la fiscala denunciada está erosionando la base de la confianza ciudadana en los procesos legales, más aún cuando de lo que se trata es confirmar o no la validez de papeles apócrifos fraudulentos o documentación fraguada no auténtica, utilizados por quienes desean alzarse con propiedad ajena, con el broche de oro de la complicidad de los estrados judiciales para confirmar el reinado de la impunidad en el país.

Es lo que ocurre con la mujer presuntamente estafada, ya que el adefesio jurídico tomó cuerpo con la mala fe manifiesta para pisotear el derecho, una vez que la familia del exesposo de Andrea Susana se propusiera “expropiar” los bienes obtenidos por ella en la disolución conyugal. 

Con el concurso venal de magistrados dispuestos a todo para distorsionar el derecho, ni seis meses después de la anotación en los registros públicos, realizada en noviembre de 2015, en abril de 2016 la jueza en lo civil Nancy Larré, de San Juan Bautista (Misiones), fuera de la circunscripción natural del caso que es Itapúa, ya comunicaba la medida cautelar de no innovar sobre los inmuebles recibidos con autorización judicial tras el divorcio de la pareja formada por Andrea Susana Eberhardt y Ronald Armín Lautenschlager.

Un documento sirve para demostrar lo torcida que está la Justicia paraguaya: se hizo valer un supuesto acuerdo privado en la familia Lautenschlager, entre abuelo padre e hijo (Ronald Armín) para que el juzgado misionero desconociera la escritura por la cual se fundamenta el derecho de propiedad de Andrea Susana, con el agravante de que ésta no fue notificada en ningún momento por el juzgado para tomar conocimiento, como afectada, del proceso iniciado.

La “expropiación” sufrida por Eberhardt se consumó en el juzgado de Nancy Larré, quien es prima hermana del exdiputado cartista de Itapúa, Luis Larré. Resulta llamativo llevar el caso fuera de su jurisdicción natural, Itapúa, a otra circunscripción como la de Misiones, para desconocer nada menos que una escritura pública que ampara la propiedad real de una persona, lo que ocurrió por decisión de la jueza Larré.

Por oficio del 29 de abril de 2016, la jueza comunicó a la dirección de Registros Públicos la medida cautelar de anotación preventiva de litis y la prohibición de contratar con respecto a la Finca N° 848, Padrón N° 18, del distrito de Iruña, Alto Paraná, inscripta el 22 de octubre de 2009 a nombre de Ronald Armín Lautenschlager Verruck, que en esa época ya estaba casado con Andrea Susana Eberhardt. Por lo tanto, se trataba de un bien ganancial de la sociedad conyugal, que luego en 2015 fue objeto de división en un 50 por ciento por efecto de la disolución de bienes y divorcio de la pareja. 

Andrea Susana Eberhardt se enteró de casualidad sobre la medida contra su propiedad al realizar una gestión ante el registro público.

Ahí recién pudo saber que el padre de Ronald Armín, Fritz Armín Lautenschlager, es quien se presenta ante la jueza Larré de San Juan Bautista para atacar de nulidad las escrituras públicas de 2009 y 2012 que sirvieron de base para la cesión del 50 por ciento de los bienes de la disolución conyugal de 2015, a favor de Andrea Susana. Todo con la intención de despojarle a ésta de sus legítimos derechos de propiedad.

Con esta situación se crea un precedente peligroso en el cual en otros casos similares se podría también acudir al expediente de un documento privado irregular para argumentar la cesión “simulada” de una propiedad, que pese a estar ya inscripta en los registros públicos tuvo posteriormente el desconocimiento de la escritura a través de una acción judicial de nulidad, promovida precisamente por los protagonistas de la cesión anterior al siguiente traspaso ocurrido en una disolución conyugal, buscando así desposeer de sus bienes gananciales al excónyuge.

 

¿Por qué no investiga la fiscalía?

Fueron presentados ante la fiscalía los hechos que configuraron el atropello al derecho de propiedad de la señora Eberhardt, siendo denunciados, tanto el promotor de la nulidad de los títulos de propiedad, Fritz Armín Lautenschlager, como su hijo Ronald Armín, el exesposo de Andrea Susana.

Dada la inacción fiscal, la indefensión judicial de Andrea Suana Eberhard aumentó todavía más, pese a las medidas tomadas por la defensa que también presentó una acción autónoma de nulidad ante el juzgado de San Juan Bautista (Misiones).

Resulta notorio que la falta de investigación de la fiscalía tiene todas las aristas de un evidente propósito de ocultamiento de pruebas, porque tras la denuncia penal realizada se podría demostrar el contubernio de personas complicadas en una rosca político-judicial armada para cometer graves delitos contra la propiedad, en complicidad evidente con jueces, camaristas y hasta ministros de la Corte Suprema.

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