La jueza Karen Leticia González Orrego, del fuero civil y comercial de la Capital, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el marco de un juicio de deslinde por una resolución en la que retrotrae al inicio todo el proceso, con lo cual favorece la posición de los demandados entre los que figura el Puerto Fénix de Mariano Roque Alonso, sobre el río Paraguay, más conocido en la jerga naviera como “Puerto Narco”.
La denuncia fue presentada por el propietario de la finca N° 3.960, que es un terreno que linda al norte del Puerto Fénix, en un juicio que lleva más de 5 años y dentro del cual ya habían sido diligenciados los trámites de rigor previos a la sentencia de deslinde, entre ellos la mensura judicial con la intervención de la misma municipalidad, el INDERT y hasta la Procuraduría General de la República.
Sin embargo, la jueza González Orrego pretende, según el denunciante Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, “cambiar la esencia y naturaleza jurídica del presente juicio de deslinde”, acusando que la magistrada atropella la seguridad jurídica impulsando un “fraude procesal”, porque aduce que la jueza en forma venal “recomienda que se considere como juicio voluntario de mensura el presente juicio contencioso de deslinde”.
Tal actitud de favorecer a los demandados en el juicio de deslinde, entre ellos el “Puerto Narco”, se tradujo en el proveído de la jueza González Orrego del 24 de mayo pasado, donde dispuso retrotraer el juicio de deslinde e ignorar la mensura judicial llevada a cabo, con todas las actuaciones firmes y ejecutoriadas, preclusas, reconocidas y consentidas pasadas bajo autoridad de cosa juzgada, “actuando abiertamente la juez recusada ignorando la ley con notoria parcialidad manifiesta en favor de las partes adversas subvirtiendo el debido proceso y violando las garantías constitucionales del debido proceso”.
Esposa de Bogarín Alfonso
La jueza denunciada es esposa del integrante “con permiso” del JEM, Jorge Luis Bogarín Alfonso, quien fue designado como “significamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos con la sanción de pérdida de visa que también alcanzó a su consorte y a sus hijos menores.
La esposa sancionada es precisamente la jueza recusada ahora ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde su esposo seguiría influyendo porque es notoriamente respaldado por el sector cartista de la ANR y por sectores de la oposición, ya que el JEM acaba de desestimar la revisión de la remoción del fallecido fiscal Jorge López Lohman, quien había sido separado del cargo en noviembre de 2021 por decisión del Jurado a raíz de haber imputado a un funcionario judicial de San Pedro, amigo de Bogarín Alfonso, cuando éste aún era miembro del JEM y su vicepresidente.
Principalmente por esa decisión, Bogarín Alfonso fue sancionado por Estados Unidos, aduciendo el gobierno norteamericano que había interferido en los asuntos judiciales “para su propio beneficio personal”.
Hace poco también Bogarín Alfonso fue salvado por la bancada colorada y cartista de la Cámara de Diputados cuando se presentó en su contra un pedido de juicio político por parte de un grupo de legisladores, para su separación definitiva de los organismos de control judicial como el Consejo de la Magistratura y el JEM.
El fiscal Jorge López Lohman falleció en mayo de 2022 y hasta hoy no recibe justicia en el Paraguay. Sólo tuvo eco su actuación en una decisión del Gobierno de Estados Unidos, que declaró corrupto a Bogarín Alfonso extendiendo la sanción de pérdida de visa a su esposa jueza y a sus hijos.
Es la misma magistrada que ahora es acusada de un atropello al Derecho retrotrayendo en forma arbitraria un juicio de deslinde al inicio del proceso mismo, pese a que ella misma venía dirigiendo el juicio, favoreciendo así a los demandados, según la denuncia de Alberto Ramírez Alvarenga, con residencia en la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná, y propietario del terreno lindero con Puerto Fénix, el “Puerto Narco” así llamado por los navegantes del río Paraguay, porque sería utilizado por los narcotraficantes para embarcar a escondidas en los contenedores de exportación, drogas prohibidas a países vecinos y de ultramar, según se documentó en forma profusa en los medios de prensa.
Uno de los directivos de la empresa propietaria de Puerto Fénix, Puertos y Estibajes S.A., es Pablo Livieres Guggiari, quien a su vez dirige el estudio jurídico Livieres Guggiari, que también lleva adelante casos judiciales en los que está involucrado el “Patrón” Horacio Cartes.
La intención de los abogados de HC sería evitar que con el deslinde y mensura en Puerto Fénix, o “Puerto Narco”, queden en evidencia irregularidades en las titulaciones de las propiedades del lugar y en los terrenos colindantes donde igualmente se encuentra el puerto Caacupemí de San Francisco S.A., y en los que también se hallaría afectado el patrimonio estatal, al haber posibles tierras fiscales pasadas ex profeso a manos del sector privado sin compensación alguna para el Estado paraguayo.
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