Escribe: Luis Alen.
La visita del subsecretario de Estado norteamericano, Mark Wells, no dejó dudas respecto a la intención del Gobierno de Joe Biden de llegar hasta la extradición si fuere necesario, de los declarados “corruptos significativos” Horacio Cartes y Hugo Velázquez, sobre quienes pesan serias denuncias del país del Norte que no fueron muy detalladas por no estar incluidas aún en líneas investigativas en el terreno judicial. El plazo para nuevas medidas está dado por las elecciones internas de diciembre en la ANR.
Hasta el momento, el impactante movimiento de Estados Unidos no tuvo otra consecuencia que causar un revoltijo de marca mayor en el ambiente político nacional, sin que se le moviera la estantería a HC y en el caso del “Toro” sólo motivara su alejamiento de la candidatura presidencial pero sin que finalmente diera su anunciado paso al costado en la vicepresidencia de la República.
De allí que la misión del enviado estadounidense no tuvo otro cometido que traer el mensaje desde Washington, concretamente del secretario de Estado Antony Blinken, que si no se adoptan medidas en el país a nivel judicial para sancionar a los peces gordos de la política metidos en los negocios turbios, se llegará a adoptar más sanciones en USA, como la prohibición de negocios en el sistema financiero norteamericano, o la misma extradición en última instancia de los designados corruptos.
En forma llamativa y mostrando de qué lado está la fiscalía de Sandra Quiñónez, el mismo día en que Hugo Velázquez fue designado “corrupto” por la potencia del Norte, el Ministerio Público ya abrió una investigación contra el vicepresidente, mientras que evidentemente HC no recibió el mismo trato, porque no se conoce hasta ahora ninguna reacción de los fiscales contra Cartes por el mismo motivo, más aún cuando ya existen varias denuncias contra el expresidente en el ámbito de la fiscalía nacional, como el que realizó en enero pasado el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
La operación “soberanía”
Además de su control ya establecido en la fiscalía y en el Poder Judicial, el Patrón HC puso en marcha una suerte de operación “soberanía” con miras a preparar a la opinión pública y al electorado, utilizando sus medios y las redes sociales a través de una feroz propaganda, con el fin de mentalizar a la ciudadanía paraguaya sobre la necesidad de enfrentar la presión norteamericana, como forma de ir creando el escenario político adecuado con el fin de conservar el poder tras las elecciones, así como para justificar la negativa judicial a un posible pedido de extradición.
Lo que no está claro son los tiempos que se manejan en Estados Unidos, porque en la medida en que Cartes vaya consolidando más poder con un eventual triunfo electoral en diciembre en la interna de la ANR o en abril en las generales ya con Santi Peña como candidato colorado, por lógica se puede colegir que irá aumentando aún más su control sobre el aparato fiscal-judicial que impedirá a su vez a como dé lugar otorgarle a Horacio el posible estatus de extraditable.
Aferrarse al poder político más que nunca le podría deparar a Cartes una especie de salvoconducto para evitar la extradición en el corto plazo, y es la razón por la que también Velázquez eligió atornillarse a la silla vicepresidencial, seguro también de que el cartismo no acompañaría un pedido de juicio político para desplazarlo de la vicepresidencia, atendiendo a que los dos “corruptos significativos” se necesitan mutuamente para eventualmente evitar ser extraditados al Norte.
Si los norteamericanos están decididos a proceder a extraditar a los “corruptos significativos”, resulta coherente argumentar que lo deberían hacer en los próximos meses antes de las internas de diciembre. Primero, para no dar la impresión que están persiguiendo la caída de la ANR para favorecer a la oposición, y, en segundo término, porque así como pusieron en situación de iguales a HC y al “Toro” delatando a las dos cabezas de una presunta asociación delictiva orientada a captar el poder político, la simple mención de que “están en curso investigaciones” que serían después motivo de análisis en la justicia de Estados Unidos, según lo afirmado por el subsecretario Wells y confirmado por el embajador Marc Ostfield, resulta del todo obvio que no esperarán mucho tiempo y que el plazo podría estar dado por los comicios del 18 de diciembre.
La impunidad del poder
Los voceros de la operación “soberanía” del cartismo hasta llegan a sugerir sin ruborizarse que HC es víctima del gobierno de Joe Biden en una confabulación de la extrema izquierda globalista e incluso del “lobby gay”, procediendo a una “intromisión descarada en los asuntos internos del Paraguay”.
Pero la ciudadanía no debe caer en este análisis simplista e interesado, porque la sanción de Estados Unidos contra Cartes y Velázquez tiene todas las aristas de un mensaje para nuestras instituciones judiciales, incapaces de actuar contra la impunidad del poder fáctico que está dispuesto a controlar los oscuros negocios que son los alimentadores de la gran lavandería de dinero negro que ha crecido en proporciones astronómicas en los últimos años en el país, y que notoriamente puede estar convirtiendo al Paraguay en la nueva meca internacional del lavado, poniendo en peligro la misma seguridad de Estados Unidos por sus conexiones con el terrorismo islámico teledirigido desde Irán.
Otros “influencers” nativos, incentivados seguramente por el Patrón, también propagaron en las redes sociales su impresión que la potencia hegemónica occidental presiona en nuestro país contra las dos figuras políticas de la ANR, sin usar la misma vara contra personajes acusados de corrupción en otros países del continente, como Cristina Kirchner, citando inclusive al senador republicano Ted Cruz, que pidió a Biden una sanción contra la vicepresidente argentina, similar a la sufrida por nuestro vicepresidente Velázquez.
La diferencia con la “mujer fuerte” kirchnerista es que contra la misma ha sido solicitada ya por la fiscalía argentina la prisión de 12 años, por supuestos hechos de corrupción que han sido prolijamente investigados y expuestos ante un tribunal de justicia, lo que no ocurre aquí con nuestros fiscales en el caso de HC y posiblemente también no ocurrirá con el “Toro” Velázquez, por lo que no cabe otra salida que esperar el curso de las investigaciones en la justicia del Norte.
En la medida en que se aceleren los trámites en Estados Unidos para una posible extradición de los “significativamente corruptos” paraguayos que no tienen aquí ninguna investigación fiscal eficaz y concluyente, también se estará evitando que el Patrón se ponga más fuerte uniendo su poder fáctico con el poder legal de la República, tras las elecciones.
Además de conseguir batir a sus opositores en la interna de la ANR, Cartes busca por todos los medios la división de la oposición, cuya Concertación podría no ganar en las generales si es que persiste la intención de dividir los votos opositores, por ejemplo a través de candidaturas extra concertacionistas como la de Euclides Acevedo.
El exdirigente febrerista y del Encuentro Nacional lo niega, pero aparece claramente como un factor a favor de las chances eventuales que pueda tener un candidato como Santi Peña, al existir la posibilidad cierta de una eventual migración hacia Euclides de los votos colorados descontentos con la propuesta cartista, en detrimento directo de la dupla Efraín Alegre-Soledad Núñez, el próximo 30 de abril.
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