Una empresa aeronáutica de Estados Unidos denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) al magistrado Neri Villalba Fernández, quien sería la cara visible de un esquema que impide el resarcimiento millonario en dólares que reclama la firma, que alega haber sido perjudicada por fiscales y el gobierno paraguayo en la época de la presidencia de Horacio Cartes.
En coincidencia con la visita del presidente Santiago Peña a Estados Unidos, donde habló con legisladores y empresarios sobre la captación de inversiones en el país, y durante la presencia en nuestro país de un alto funcionario anticorrupción del Gobierno norteamericano que fue recibido por la plana mayor del Poder Judicial, una firma aeronáutica del país del Norte denunció ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) a un miembro del tribunal de apelaciones, el magistrado Neri Villalba.
La empresa de aviación Best Aircraft Deals de los Estados Unidos reclama a los fiscales Aldo Cantero, Emilio Fúster y en forma subsidiaria al Estado, la suma de US$ 6.280.000, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, pero tropieza con una Justicia no tan rápida y barata como la paraguaya, ya que acusa de parcialismo al camarista Neri Villalba, miembro del tribunal de apelaciones, por lo que solicitó y obtuvo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que se abra un proceso contra el citado magistrado y posteriormente destituirlo eventualmente de su puesto una vez comprobado su mal desempeño en un cargo tan relevante de la magistratura nacional.
La empresa norteamericana, representada por el abogado Enrique Wagener, informó por nota al embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, acerca de la situación planteada en la Justicia, en la misma semana durante la presencia en Asunción del coordinador adjunto global anticorrupción del Departamento de Estado, Brendan Boundy, quien se concentró especialmente en las instituciones judiciales durante su visita al Paraguay.
Retención arbitraria de aeronave
La empresa aeronáutica alegó en su presentación ante la embajada que es una firma autorizada legalmente en la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos, una de cuyas aeronaves de la marca Gulfstream III con matrícula N111FA, fue retenida “en forma arbitraria e ilegal” entre agosto de 2016 y mayo de 2017, en un hangar del aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción por orden de los fiscales Aldo Cantero y Emilio Fúster, bajo la acusación de una “tentativa de contrabando” de lingotes de oro que nunca llegaron a ser depositados en el avión.
Asimismo, el representante de la empresa en aquel momento en el Paraguay, Marc André Didier, de nacionalidad belga, fue detenido también “en forma ilegal” por orden de la Fiscalía paraguaya, entre agosto y noviembre de 2016.
Ante la notoria arbitrariedad de lo acontecido con la empresa y con su representante, fue presentada a nivel judicial una demanda por indemnización de daños y perjuicios, que actualmente radica en alzada ante el tribunal de apelación en lo civil y comercial, tercera sala, donde es miembro Neri Villalba.
El caso es que el litigio ya lleva varios años sin que se haya hecho justicia a la parte reclamante. Según el abogado Wagener, “la pretensión de mi representado (el señor Didier y su empresa de aviación) es que se haga justicia con el fin de precautelar sus legítimos derechos, lo que permitirá fortalecer la seguridad jurídica y la posibilidad de realizar inversiones en el Paraguay”.
En forma llamativa, las mismas preocupaciones fueron escuchadas por los miembros de la Corte y la fiscalía, de parte del enviado de Estados Unidos, quien también se reunió con la fiscala adjunta Soledad Machuca, colega de los fiscales ahora demandados a pagar la suma millonaria reclamada.
Como resultado del juicio de indemnización, si los fiscales no pueden hacer la compensación, el pago podría recaer sobre el Estado paraguayo en forma subsidiaria, atendiendo los gastos incurridos y las pérdidas de “chances” de negocios generada por la retención ilegal del avión durante nueve meses en la DINAC, durante la presidencia de Horacio Cartes, así como por la detención física del representante de la firma, de tres meses, lo que ha causado perjuicios sensibles a la actuación de la empresa y de su representado tanto en nuestro país como en el resto del mundo, por una falsa acusación.
Fiscal del caso atraco al PLRA
No sería una mera coincidencia que el mismo fiscal Aldo Cantero está en la mira por tener a su cargo la dirección de la causa que investiga nada menos que el atraco policial con saldo fatal a la sede del PLRA de la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, en tiempos del gobierno de HC, en la misma época de la retención ilegal de la aeronave norteamericana.
Se debe recordar que en el atropello al directorio radical auténtico resultó muerto el joven dirigente liberal Rodrigo Quintana, por balas disparadas por un policía que fue a prisión, pero hasta el momento no se sabe quién dio la orden superior para el acceso ilegal de la fuerza policial al local del primer partido de la oposición, en un episodio inédito que no se había registrado ni en la época de las persecuciones políticas durante la dictadura stronista.
Ahora existe la posibilidad que el Estado paraguayo termine resarciendo a la empresa de aviación citada y a su representante, porque fue evidente el abuso de poder con relación a la firma norteamericana, lo que debería ser subsanado en el ámbito judicial si es que el país desea brindar las garantías de seguridad jurídica a las inversiones, luchando contra la corrupción y la impunidad de los funcionarios públicos, tal como fue el pedido del enviado norteamericano, Brendan Boundy, en los últimos días.
La nota dirigida a Marc Ostfield resalta justamente lo que el embajador ha planteado en varias oportunidades cuando le tocó explicar el plan contra la corrupción que propone el gobierno de Joe Biden de Estados Unidos, a su similar de Santiago Peña de Paraguay. El objetivo central de la relación de Paraguay con Estados Unidos debe ser precisamente fortalecer la democracia y el respeto a las instituciones, fundamentalmente el Poder Judicial y la Fiscalía.
Pero el caso de la firma norteamericana que reclama se le indemnice por los daños y perjuicios ocasionados por una Justicia movida por el poder de turno, terminará por demostrar que tarde o temprano se deberá pagar bien caro por la actuación de los funcionarios que son amparados por el poder fáctico que somete a la misma administración judicial.
En el caso del camarista denunciado, Neri Villalba, el abogado Wagener informó al embajador que tuvo que recurrir ante la instancia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) porque el magistrado había sido recusado con causa, después que ya no se inhibiera de entender en el juicio cuando fue objeto de una recusación sin causa.
El citado magistrado Villalba, en vez de apartarse de seguir atendiendo el juicio, alegó la “mala fe” del abogado impugnante e igualmente pretendió seguir en el caso, cuando debió excusarse, cometiendo así un claro mal desempeño de funciones al incurrir en una causal de excusación según el artículo 20 del Código Procesal Civil. Y el incumplimiento del deber legal de excusarse es causal de remoción según el artículo 14, inciso b) de la Ley 6014/21 de Enjuiciamiento de Magistrados.
Esta clase de actuación del camarista denunciado, volcado a favorecer a la parte demandada integrada por fiscales del Ministerio Público vinculado a poderes fácticos que actúan abiertamente en la Justicia, es la que retarda la vigencia plena del Estado de Derecho en el Paraguay, según aduce el abogado Wagener en su presentación ante el embajador Ostfield.
La intención es resarcir a una firma norteamericana de aviación legalmente radicada en el país, y que fue perjudicada no sólo aquí sino a nivel mundial por acusaciones falsas promovidas desde la misma fiscalía.
Más aún porque el representante de la firma estadounidense, Marc André Didier, ya fue sobreseído definitivamente en el ámbito penal por la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni, de la unidad especializada en contrabando, el 2 de mayo de 2017.
El hecho cierto es que con este caso está a prueba nada menos que el pedido realizado al gobierno de Santi Peña, de parte del gobierno de Joe Biden, de poner en primer lugar la independencia de la Justicia del poder fáctico ostentado por Horacio Cartes, como condición ineludible en el propósito de llevar a cabo el plan de lucha contra la corrupción y la impunidad, así como el combate conjunto entre los dos gobiernos contra el crimen organizado.
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