Fiscalía investiga a Velázquez pero no hace nada contra HC

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Resalta la selectividad de la Fiscalía con HC, al solicitar datos sobre Hugo Velázquez a la Justicia de Estados Unidos. Se investiga al vicepresidente, pero no se hace lo mismo con HC, sobre quien en Washington tienen también mucha información.

Escribe: Luis Alen.

 

Después de la designación de corruptos significativos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez por parte del Gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía de Sandra Quiñónez se decidió a impulsar la investigación contra el vicepresidente. Pero en una demostración que el Ministerio Público está manejado por HC, no hace nada al mismo tiempo para investigar al Patrón, como lo confirma el oscuro episodio que se trata de ocultar del envío de tabaco al Caribe utilizando el avión iraní-venezolano detenido en la Argentina por su vinculación con el terrorismo, lo que ya fue evidenciado por la comisión bicameral de investigación.

 

En la tensa espera de la interna colorada del 18 de diciembre, donde se verá si el electorado se vuelca o no a favor de otorgar un espaldarazo al poder fáctico de Horacio Cartes, éste acaba de demostrar su predominio sobre una Fiscalía que hasta se da el lujo de solicitar la “cooperación” con la justicia de Estados Unidos para iniciar el proceso de investigación al otro sancionado por corrupción en el país del Norte, el vicepresidente Hugo Velázquez.

Esta situación llamativa se da cuando es conocida la falta de acción fiscal contra HC, en los casos en que debería ser investigado por las denuncias que lo involucran en supuestos delitos como lavado de dinero e incluso asociación ilícita hasta con organizaciones terroristas, como lo señaló el mismo Gobierno norteamericano en la designación contra el expresidente.

Con el uso de diferentes varas de la fiscalía, hasta el momento las designaciones de “significativamente corrupto” de Estados Unidos afectaron más al oficialismo colorado y casi nada a Horacio Cartes, hasta el punto que también se puede lanzar el interrogante de si funciona o no el discurso antimafia de la oposición, que tiene poco entusiasmo en acompañar la campaña “patria o mafia”.

Así se comprende que el electorado desconfíe de sus políticos por las habituales componendas para salvar a los acusados de corrupción que aparecen en todas las carpas, sean éstas de colorados, liberales, el “tercer espacio” o la izquierda.

 

El golpe del Norte

Las contundentes medidas de Estados Unidos contra Horacio Cartes y Hugo Velázquez van dirigidas indudablemente al objetivo de cortar de raíz el intento de continuar con la hegemonía del poder fáctico sobre la Fiscalía y la Justicia, pero, aparentemente, el empresario tabacalero y deportivo ha salido casi indemne del golpe proveniente de la potencia del Norte.

Esto se puede decir hasta ahora, porque todo se decidirá dentro de tres meses en la decisiva interna de la ANR donde HC se juega su futuro político.

Aunque el resultado del domingo 18 de setiembre, en la interna para la elección municipal del próximo mes en Pedro Juan Caballero, no sería válido para tomar como un barómetro de las preferencias en la ANR, la estrepitosa derrota del candidato cartista resulta un aviso de lo que puede llegar a ocurrir en diciembre con el movimiento Honor Colorado en su batalla con el oficialismo abdista por el control del aparato partidario y estatal.

Tanto el presidente Marito Abdo como el candidato oficialista Arnoldo Wiens, no se cansaron de repetir en su periplo del fin de semana por el Alto Paraná, donde reunieron más de 30 mil adherentes republicanos, que el objetivo de Cartes está claro: seguir acumulando poder sobre la Fiscalía y la Justicia para realizar sus negocios, sean éstos santos o no tan santos. Para ello apunta a seguir controlando la ANR, así como volver a influir sobre el Estado a través de su títere Santi Peña.

Antes que ser afectado por la sanción norteamericana, Horacio se ha envalentonado cada vez más, a estar por la forma en que ha “ninguneado” a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el Lavado de Dinero, negándose a ir a declarar ante la misma, como lo debería hacer cualquier ciudadano obligado por la Constitución, según lo establece el artículo 195 de la Carta Magna.

Si HC se mantiene desafiante ante una norma constitucional, ya se puede avizorar la forma en que responderá a un posible proceso de extradición proveniente de Estados Unidos, lo que no se descarta por la forma en que nuevamente se expresó la semana pasada el embajador norteamericano, Marc Ostfield, quien volvió a reiterar que el departamento de Estado de Washington mantiene sobre la mesa otras medidas contra los “significativos”, como serían las de índole financiera, de embargo de dinero o bienes radicados en USA, o judicial, para una posible extradición solicitada por el Departamento de Justicia.

 

Ventaja cartista

Pero si de impacto político se trata, el cartismo ya sacó aparentemente una gran ventaja en la carrera, atendiendo a que la sanción “significativa” finalmente hizo más mella en Hugo Velázquez, quien tuvo que renunciar a su candidatura presidencial y sólo se mantendría en su actual cargo oficial para evitar que el cartismo o un aliado se alce con la vicepresidencia, en una maniobra artera no descartable, mientras que Horacio Cartes más bien parecería estar expectante de una sanción “mayor” como sería la condición de “extraditable”.

El Patrón HC hasta contrató un bufete de abogados en Estados Unidos, quién sabe a qué costo exorbitante, para anunciar que no existe ningún proceso judicial contra él, ni algo proyectado que se sepa. A renglón seguido, su abogado Pedro Ovelar acusó a los contrincantes políticos locales de Horacio, encabezados por Marito Abdo, como los responsables de haber fogoneado la “intromisión” del embajador Ostfield, con la mira puesta en “la caída del Partido Colorado en 2023”.

El clamoroso anuncio de los medios cartistas de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos nombró un abogado que se encargará de hurgar los datos que tiene el Departamento de Estado sobre Hugo Velázquez, para “cooperar” con la Fiscalía paraguaya en el proceso abierto aquí contra el vicepresidente, no significa de ninguna forma que Washington proveerá la información que tiene sobre el excandidato presidencial de Fuerza Republicana, más aún cuando conoce la “selectividad” de Sandra Quiñónez para favorecer políticamente a Cartes en su pugna por el control partidario y nacional.

Por otro lado, Cartes sabe muy bien que los norteamericanos ya lanzaron su advertencia de que no tolerarán más las ínfulas del hombre fuerte paraguayo, de marcar el paso de instituciones fundamentales para el desarrollo nacional, como son el Poder Judicial o la Fiscalía.

Es lo que se desprende de los informes que manejan tanto el Congreso norteamericano como las agencias focalizadas en el combate a los narcos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, habiendo sido el reciente caso del avión iraní-venezolano que llevó cigarrillos de Tabesa al Caribe, la gota que colmó el vaso de la paciencia del Tío Sam.

El dato que se tiene es que HC ya dejó de ser catalogado como “aliado estratégico” de Estados Unidos en 2017, meses antes de dejar la presidencia, volviendo a estar en la mira de los norteamericanos como lo estuvo antes de llegar a la jefatura del Estado en 2013, con el famoso operativo de inteligencia “Corazón de Piedra”, que fue desvelado mediante las filtraciones en internet de Wikileaks, realizadas por el experto informático australiano Julien Assange en 2011.

El objetivo declarado de USA es reducir todo lo que se pueda el elevado nivel de corrupción e impunidad del sistema judicial de Paraguay, por lo que mal podría el Departamento de Justicia seguirle la corriente a la Fiscalía cartista, de investigar sólo a Hugo Velázquez, el señalado “corrupto” el pasado 12 de agosto, después que se hiciera lo mismo en primera instancia con el propio HC, el 22 de julio.

La independencia y efectividad del sistema de justicia paraguayo se juegan en las próximas instancias electorales, y en Estados Unidos saben muy bien lo que hay que hacer para evitar que el Patrón HC imponga, de ganar las elecciones, el modelo autoritario para impulsar sus negocios.

Por ello, el amago de investigación a Velázquez, conociendo que no se hace lo mismo con Cartes, no resultaría la mejor forma de “cooperación” entre la fiscalía de Sandra Quiñónez y el Departamento de Justicia de EE.UU.

Compartir con la Fiscalía paraguaya los datos que se tienen de Velázquez en Estados Unidos, debería obligar a hacer lo mismo sobre la información disponible sobre el otro “corrupto”, el Patrón HC. Y se sabe que los datos más sensibles son los manejados sobre Cartes.

Para Estados Unidos, Velázquez habría obstruido una investigación que lo amenazaba a él y sus intereses financieros, mediando un soborno que rondaría el millón de dólares. Pero con referencia a HC, la declaración del Gobierno norteamericano habla directamente de haber usado su presidencia para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucra a su socio Darío Messer.

Esto habría permitido nada menos que el expresidente sea parte a su vez de actividades corruptas ligadas al terrorismo internacional, lo cual es mucho más grave para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

Hay una gran distancia entre la “corrupción” de Velázquez, si se compara con la de HC, que resulta de mayor peso a la hora de ver cuál de ellos con su proceder ilegal pone más en peligro la seguridad nacional norteamericana.

Otra prueba contundente de que también la Fiscalía paraguaya no quiere investigar al Patrón HC es el caso del avión iraní-venezolano que aterrizó en el aeropuerto Guaraní para llevar cigarrillos de Tabesa por 800 mil dólares, el 13 de mayo pasado, sólo tres días después del alevoso asesinato del fiscal antimafia Marcelo Pecci, en Colombia.

En el Senado expresaron su insatisfacción por la forma en que la Fiscalía lleva la investigación de la presencia del avión en nuestro país, cuando poco tiempo después el Gobierno paraguayo envió “alertas” a los países vecinos por nuevas incursiones de la aeronave sobre cielo sudamericano, hasta que el Gobierno argentino tuvo que retenerlo en junio por un pedido expreso de la justicia de los Estados Unidos, ante los informes referidos a las actividades iraníes en la región de directa implicancia con el terrorismo fundamentalista apoyado por Irán.

Mientras ocurre todo esto, se aprecia la lentitud y la selectividad de la Fiscalía y la Justicia de nuestro país, en comparación a la celeridad impresa al caso del avión iraní en la Argentina, y la rapidez del juicio por el crimen de Pecci en Colombia.

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