Escribe: Luis Alen.
El presidente Santiago Peña se anotó un clamoroso triunfo sobre la mafia de la distribución de drogas, al desbaratar su comando central atrincherado en la principal cárcel del país del barrio Tacumbú en Asunción. El cartismo se ha consolidado aún más con la determinación de fulminar el poder del capo mafioso Armando Javier Rotela, líder del clan que puso en zozobra a la sociedad con el crecimiento de su estructura delictiva dedicada a la expansión del microtráfico, principalmente en la capital y el departamento Central. Pero esta victoria debe mover al poder cartista a plantearse también una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, que son los que permiten la vigencia del crimen organizado.
En una operación histórica y sin precedentes, el Gobierno cartista se dispuso cortar de raíz el creciente poder del clan Rotela, al llevar a cabo el lunes 18 de diciembre el operativo llamado “Veneratio”, para la recuperación del control sobre la cárcel de Tacumbú, que estaba prácticamente tomada por los esbirros de uno de los grupos mafiosos que en los últimos tiempos fue imponiendo su propia ley en el submundo del microtráfico de drogas, especialmente en el área metropolitana de Asunción y con conexiones que ya alcanzaban todo el país. Hace unos meses, el ministro de Justicia, Ángel Barchini, había advertido en el comienzo de la gestión de Santi Peña, que el control de las cárceles por parte del Gobierno costaría “mucha sangre”, pero el saldo de la operación contra Rotela no resultó finalmente muy sangriento, aunque costó lamentablemente 11 vidas de reclusos y la de un policía, además de 40 heridos en las filas de los uniformados.
El hecho cierto es que el Gobierno consiguió por fin el control total sobre la cárcel, siguiendo a continuación con el traslado de unos 700 presos a otras prisiones, descomprimiendo así un recinto penitenciario que ya estaba saturado con un total de 2.842 internos según el último conteo efectuado el fin de semana.
Se debe recordar que el clan Rotela se había apoderado de Tacumbú como primer paso para ir socavando el poderío de su archienemigo, el grupo brasileño del Primer Comando Capital (PCC), con el que venía sosteniendo una feroz pugna por el control de los tráficos desde las cárceles.
A partir de ahora, lo que se puede resaltar es que el Gobierno de Peña no debería permitir que en adelante resurja un poder paralelo en las cárceles que pretenda convertir a las prisiones en verdaderas “universidades del delito”, sino también como advertencia al crimen organizado de que no se admitirá el resurgimiento de la mafia del microtráfico, que tanto daño está causando especialmente a la juventud, como resaltó el mismo titular del Ejecutivo.
Todo esto, en simultáneo con el decisivo combate que se debe asumir contra la gran mafia del tráfico de drogas transnacional, que tiene a Paraguay como lugar privilegiado del paso de la cocaína a Europa y otros continentes, según todos los informes que se tienen sobre el flagelo y que causan la preocupación de los organismos de seguridad tanto del Mercosur como de los Estados Unidos.
La lucha debe ser integral
Más allá de la decisión de ir contra el clan Rotela y retomar el control sobre la cárcel de Tacumbú, evitando también que se vaya expandiendo el grupo delictivo a todo el país, el problema de fondo sigue persistiendo al no adoptarse las firmes medidas contra la corrupción y la impunidad, que son el caldo de cultivo para el florecimiento de estos grupos que operan al margen de la ley, que como el neutralizado ahora gozaba de privilegios que le concedían en plena prisión algunos funcionarios penitenciarios varios de ellos ligados a su vez al poder político de turno.
Es por ello que, a la vista del proyecto de ley de “devolución premiada”, que busca beneficiar a funcionarios pillados con las manos en la masa con una disminución de pena del 50% en el caso que devuelvan lo robado al fisco, salta la contradicción del cartismo y del mismo Gobierno ante la posibilidad que se premie a los corruptos, incluso creando una discriminación odiosa, teniendo en cuenta que sólo se aplica a los empleados estatales y no a posibles acusados que provengan del sector privado.
Ya no sorprende que las cámaras legislativas controladas por el cartismo estén aprobando, sin más trámite ni discusión, leyes que ponen de patas para arriba la seguridad jurídica en el país, como el caso del proyecto de reforma del Código Penal del diputado Yamil Esgaib, quien es el mismo que había lanzado la advertencia al fiscal general Emiliano Rolón, que los diputados y senadores que responden a HC -colorados, liberales y de otros partidos- pueden llegado el caso plantear y lograr el juicio político del titular del Ministerio Público, si es que no responde a las expectativas y propuestas del grupo que domina el poder en la República.
En rápida reacción, el embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, una vez aprobado el proyecto que premia a los corruptos y que ahora pasa al Senado, lanzó un fuerte mensaje en su cuenta en la red social “X”, diciendo que “la impunidad puede y debe ser combatida”, sosteniendo que “para que la gente confíe en que en su país rige un Estado de Derecho, es esencial que los actores corruptos rindan cuentas dentro de los sistemas del país. Cuando los notoriamente corruptos evaden la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, están afectando de manera profunda la confianza que las personas depositaron en ellos para zanjar las desigualdades sociales y económicas”.
Resulta notoria la preocupación de la embajada norteamericana en Asunción ante la carencia real de instancias judiciales en el país para lograr que se castigue la corrupción y termine la impunidad, pero para ello se necesita la firme decisión política, que a juzgar por la actitud del cartismo en el Congreso con el proyecto de ley de “devolución premiada”, aún se está muy lejos de conseguir lo planteado por el embajador de Estados Unidos, quien por lo visto a estas alturas ya no quiere seguir en su tarea solitaria de sancionar a los “significativamente corruptos”, sin que después tomen la posta los fiscales y jueces, que se hallan atenazados y atemorizados por la presión cartista ejercida en los organismos extrapoder como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que se hallan sujetos a las órdenes emanadas desde el quincho del poder.
La creciente oposición ante el ominoso proyecto que premia la corrupción, haría que finalmente el cartismo dé marcha atrás, como otras tantas reculadas como la llevada a cabo con el proyecto de la Superintendencia de Jubilaciones, que aunque fue aprobada y promulgada por Santi Peña, ya no contemplaría la posibilidad de que el Estado reciba préstamos del IPS poniendo en peligro las jubilaciones.
Sin embargo, el problema de fondo sigue persistiendo tanto en la lucha contra la corrupción como en la cuestión del uso o no de los fondos jubilatorios, ya que donde más los corruptos estarían bien tratados es en el Poder Judicial, porque la impunidad campea cuando los jueces y fiscales se hallan muy presionados por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que opera bajo las directivas del comando cartista que a su vez es liderado por el Patrón y titular colorado, Horacio Cartes.
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