Escribe: Luis Alen.
La nominación de Justo “Lucho” Zacarías Irún como director paraguayo de Itaipú Binacional ya se había filtrado hace varias semanas en el entorno de Horacio Cartes y ahora lo ha confirmado el presidente electo Santiago Peña, pese a la repulsa general de la ciudadanía del Alto Paraná. Su designación debe ser confirmada en el Senado, pero la misma se descuenta por la mayoría cartista en la Cámara Alta y por el evidente deseo de “venganza” contra la marea política opositora que había desplazado del poder de Ciudad del Este al senador Javier Zacarías Irún, el hermano de “Lucho” y a su esposa Sandra McLeod.
Se podría decir que se ha concretado “el retorno de los brujos” a la política nacional con el notorio maridaje de nuevo cuño entre el Patrón HC y el clan Zacarías Irún, ahora con “Lucho” como su cabeza visible al ser nombrado en el cargo de director general paraguayo de Itaipú, pero con su hermano Javier manteniendo el poder entre bambalinas como miembro del Senado e incluso como parte nada menos que del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Más que la “comprobada capacidad de gestión y experiencia al frente de la entidad, su alto sentido de patriotismo y sensibilidad social”, según el elogio del sindicato STEIBI de Itaipú al designado director general paraguayo, lo que más pesó en la decisión de HC impuesta con toda seguridad a su escudero Santi, fue la intención manifiesta de volver a fojas cero la política tanto en el Alto Paraná como en el resto del país, a fin de remarcar la preeminencia que tendrá en el futuro gobierno el manejo de las prioridades cartistas por sobre el interés nacional.
Siempre hemos dicho en Primera Plana que poner a los ZI al frente de Itaipú y del Alto Paraná, es como una supina afrenta a la lucha de años de la ciudadanía esteña y altoparanaense contra el clan y su comprobada manía de alzarse con abundantes tajadas del patrimonio público en directo perjuicio de las grandes necesidades sociales.
En el caso de Justo “Lucho” Zacarías Irún, los mismos funcionarios de Itaipú rechazaron el pasado mes de junio la nominación del exdiputado al poco tiempo de correr como un reguero de pólvora la noticia desde el círculo áulico de HC, acerca de la posibilidad de su nombramiento.
Lo expresaron así después que Santi Peña hablase de la necesidad de transparencia e integridad en su gabinete tras cada designación de los ministros, afirmando los trabajadores que “Lucho” Zacarías era el menos indicado para exhibir dichas cualidades a estar por los numerosos hechos de corrupción y hasta enriquecimiento ilícito que se le endilgaron cuando estuvo al frente, por ejemplo, de la gobernación del Alto Paraná en el período 2013-2018, rematados con causas judiciales que logró sortear con perversa habilidad por tener el control político sobre fiscales y jueces amigos.
La repulsa general a los miembros del clan Zacarías Irún es enorme en esta región del país, atendiendo los nefastos antecedentes como administradores de la cosa pública tanto de Justo como de su hermano Javier, además de la esposa de éste último, Sandra McLeod, quien junto a su marido manejaron la municipalidad esteña durante 18 años, cuando finalmente fueron expulsados del poder en 2018 después del triunfo electoral de Marito Abdo.
Habiendo gente muy preparada para asumir la conducción del ente binacional, proveniente del mismo Alto Paraná, no se concibe que personas “averiadas” asuman tamaña responsabilidad, según las generalizadas expresiones de personas consultadas de los diferentes ámbitos sociales y políticos, tanto de CDE como del resto del país.
Se viene la negociación
Pero a pesar de las calificaciones negativas de la gran mayoría sobre “Lucho” Zacarías Irún, el sindicato STEIBI felicitó a Santi Peña por elegir a un ZI para dirigir Itaipú, “teniendo en cuenta que necesitamos de personas preparadas, de sólida formación técnica para la renegociación del Anexo C del Tratado”.
Pero lo que se cuidan de afirmar los sindicalistas es que con semejante prontuario judicial, de lejos aparece que “Lucho” no es la persona más idónea para sentarse a negociar con los brasileños el principal patrimonio nacional además de la soberanía energética y económica del país.
En esta columna también hemos insistido en señalar varias veces, y más aún en las pasadas elecciones, que dejar la negociación en Itaipú supeditado al manejo tenebroso del contrabando de frontera aliado a la política mafiosa, no era lo más recomendable.
Pero ahora con el maridaje de nuevo cuño entre el clan ZI y HC, ya no cabe ninguna duda que se ha concretado una alianza de conveniencia mutua que no llevará a ningún buen puerto el más alto interés nacional.
Está visto que para ocupar un cargo tan importante como el de Itaipú lo que más interesa a HC es que el candidato tenga un prominente prontuario y la mayor experiencia en el manejo turbio de las finanzas estatales, como forma de afrontar la complicada negociación con los brasileños por el Anexo C y el Tratado mismo de la mayor riqueza nacional.
La contraparte brasileña seguramente estará bailando en una pata con la entente cartista-zacariísta en Itaipú, por cuanto sabido es que el tráfico de tabaco en Brasil adquiere cada vez más importancia por el gran segmento del mercado vecino que va ganando. Como el principal negocio de HC depende de esta expansión del mercado tabacalero, el peligro está en que un interés nacional en Itaipú durante las negociaciones con los brasileños quede supeditado a un mayor o menor control sobre el ingreso de cigarrillos a través de la frontera.
El tabaco condicionando Itaipú puede ser una suerte de engendro de una mente delirante, pero está a punto de convertirse en realidad, por lo que ahora se explica también de alguna forma el matrimonio de conveniencia HC-ZI convertido en el “retorno de los brujos” de la clase de política más detestada por los mismos ciudadanos de Ciudad del Este y el Alto Paraná, manifestado a su vez en una especie de “venganza” contra la reacción ciudadana que se diera con la elección del independiente Miguel Prieto al frente de la intendencia municipal esteña.
La topadora cartista
Que la aplanadora del Congreso se va convirtiendo en la temida topadora vengativa del cartismo para arrasar en el ámbito judicial contra los últimos vestigios de años de lucha para una política contra la corrupción y la impunidad, lo están demostrando no sólo los nombramientos del presidente electo, sino también la intención de llegar al fatídico voto de los dos tercios (30 en el Senado), con los cuales alcanzar la capacidad de destituir a ministros de la Corte Suprema, al fiscal general del Estado y a la convocatoria de una Convención Constituyente que permita la reelección presidencial que le permita a Horacio Cartes volver a la presidencia de la República.
La intención del Patrón es barrer con cualquier oposición que se quiera erigir en contrapeso a su poder, volviendo a los tiempos de los “dos tercios” del stronismo, dejando el restante tercio a los opositores colaboracionistas. Pero para ello debe insistir no sólo en la mayoría parlamentaria en ambas cámaras, sino en la sumisión de la judicatura y de la fiscalía, sin la cual poco podrá hacer para conseguir la hegemonía del unicato, más aún si se consolida una independencia del Poder Judicial.
La “firmeza” de Santi Peña con la destitución antes de asumir del designado ministro de Salud Felipe González, no fue una mera oportunidad para mostrar empatía y humanidad con los enfermos terminales, sino la demostración de que para el cartismo no sería una buena idea comenzar a manejar con mayor racionalidad los recursos estatales atacando la corrupción, que era la idea principal lanzada por el destituido secretario de Estado en el caso de las compras multimillonarias de medicamentos.
Este episodio está indicando que la prioridad cartista no será precisamente un gobierno transparente y orientado a reducir el alto costo de la corrupción, sino la consolidación de las decisiones a ser adoptadas en el quincho del poder, como lo está mostrando igualmente la meteórica celeridad en la aprobación del Congreso a la fusión de la Aduana con la Secretaría de Tributación (SET), que tiene todos los visos de la concentración del poder para influir en la marcha de la economía y de los negocios en general, lo que ya se avizora también con mayor fuerza en el caso de concretarse el proyecto del nuevo ministerio de Economía y Finanzas, otro de los planes que pretende sacar el cartismo a tambor batiente, sin mayor debate social y político.
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