Escribe: Luis Alen.
La esencia autoritaria de Horacio Cartes quedó expuesta en toda su crudeza con la expulsión de la ANR de Gerardo Soria, presidente de seccional de Antequera, en el departamento de San Pedro, como “castigo” por haber sido muy crítico con HC durante la pasada campaña electoral. El próximo en ser desafiliado sería el presidente saliente, Marito Abdo, quien como toda respuesta dijo que se encuentra ocupado en cumplir la promesa acordada con Santi Peña de realizar una transición “ordenada”.
Es una sanción que podría sufrir cualquier otro correligionario que se atreva a lanzar críticas contra el Patrón. Pero más implica una clara advertencia para Marito y el abdismo, con el objetivo de ir menguando la capacidad de la disidencia de enfrentarse al cartismo, especialmente en el Congreso y en alianza con algunos sectores de la oposición.
La amenaza ya se le hizo saber a Marito Abdo, a través del diputado Walter Harms, pero aunque después desde el ámbito del equipo de transición se quiso calmar los ánimos con una desmentida del propio vicepresidente electo Pedro Alliana, por la rapidez con la que el tribunal de conducta de la ANR ha cumplido la orden de HC en el caso de un afiliado de menor peso político, no se podría descartar una medida similar después del 15 de agosto, toda vez que en el Quincho de la calle España su ocupante está con ganas inmensas de tomarse la revancha por lo que considera el papel fundamental que habría cumplido el presidente en retirada con la supuesta instigación de las sanciones de Estados Unidos contra el hombre fuerte paraguayo.
Todo esto ocurre en el escenario de lucha por la presidencia del Senado, que es clave para que el cartismo pueda ejercer realmente el poder total en la República. Por ahora, existe la posibilidad de un pacto entre los disidentes anticartistas de la ANR con senadores de la oposición, mientras el jefe de Estado aún en funciones volvió a asegurar que sólo piensa en la entrega “ordenada” del poder, según el acuerdo alcanzado con el presidente electo.
La “buena conducta” de Marito augura una transición tranquila sin mayores complicaciones o sorpresas para el cartismo, porque a pesar de que los procesos de licitaciones o contrataciones públicas y de personal siguen en su mayor parte, en algunos casos ya se habla de medidas a ser adoptadas después de la asunción al mando del cartismo, atendiendo además a que el presupuesto nacional 2024 deberá ser analizado y aprobado por el nuevo Congreso que asume este 1 de julio.
Lo cierto es que el sector de senadores colorados “independientes”, que no aceptan la orientación de HC, sigue apuntando a negociar con la oposición la mesa directiva del Congreso, que es fundamental para contrarrestar el proceso de excesiva influencia de Cartes en las nominaciones ministeriales de Peña.
Un gabinete con “puerta giratoria”
A la prematura demostración de poder con la expulsión de Gerardo Soria de la ANR y de la amenaza sin rodeos contra Marito de que sufriría la misma sanción por dudar de la “integridad” del Patrón HC antes de las elecciones, las sucesivas nominaciones para el gabinete de ministros de Santi Peña responden a órdenes directas de Cartes, o de su primer anillo de gerentes, como en el caso del futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, quien fuera presidente del Banco Central durante la anterior gestión cartista (2013-2018) y luego titular del banco Basa, propiedad de HC.
Es la reafirmación del sistema de “puertas giratorias”, tal como se grafica el hecho de que el cartismo se “basa” en un actuar de ida y vuelta entre el sector estatal y el privado, a través de funcionarios que migran del puesto público a las empresas del Grupo Cartes, o viceversa, lo que ya fue prohibido a través de una ley reciente, pero que se ignora olímpicamente entre los estrategas cartistas.
Está demás decir que se volverá a reproducir lo ya conocido de la colusión entre los intereses del Grupo empresarial de HC con las prioridades del Estado, en un escenario en el que evidentemente “volverá a estar mejor” la apuesta cartista de ir copando las instituciones con el fin de aumentar los negocios del Patrón, como el caso del contrabando de cigarrillos (que sale del país),ya anunciado como de menor importancia frente a la masiva entrada ilegal de “azúcar, aceite, pollos y huevos”, citada por el futuro nuevo ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez.
Pero para las agencias norteamericanas y brasileñas que combaten el negocio ilegal del tabaco en el continente, está claro que el contrabando de cigarrillos procedentes de Paraguay nutre también las rutas del narcotráfico, el tráfico de armas y hasta de personas, con abundantes fondos que financiarían nada menos que al terrorismo islámico del Hezbollah.
Pero el nuevo titular del MIC tuvo que utilizar en una entrevista televisiva el libreto conocido de la terminología cartista, según la cual las empresas tabacaleras como la de HC, Tabesa, pagan todos los impuestos locales y no se responsabilizan de la forma en que llegan sus productos a los países vecinos, entre ellos principalmente Brasil, porque ya sería “problema de la Aduana del país receptor”.
Pero lo correcto sería que el Gobierno paraguayo asuma su responsabilidad en el contexto internacional y acepte que también existe el “contrabando de exportación”, siguiendo la trazabilidad del producto desde la fábrica productora hasta su salida por la frontera. Esto, debido no sólo a los protocolos internacionales de lucha anticontrabando de tabaco suscriptos por el país, sino también para conocer realmente si estas empresas pagan todos sus impuestos locales.
Pero esta certeza en la comercialización legal del cigarrillo hasta su salida del país sólo se podrá tener con un gobierno que aplique estrictamente la normativa legal vigente, lo que ya se puede presumir no hará el cartismo en el poder, como se dio a conocer a través del nominado ministro de Industria y Comercio de Santi Peña.
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