Escribe: Luis Alen.
Desde el propio gobierno saliente se reconoce que es una materia pendiente que deja la gestión de Horacio Cartes, la falta de reforma del gasto público y en general la carencia de una política que asegure el equilibrio fiscal, a través de financiar los egresos corrientes –es decir los salarios del funcionariado- sólo con los ingresos genuinos de origen tributario.
Es que hace 5 años, HC recibía una deuda interna y externa de más de 2 mil millones de dólares, para dejarla ahora a su sucesor, Marito, en un nivel superior a los 7 mil millones de dólares, lo que supone un saldo triplicado que fue aumentado principalmente con los bonos soberanos, sin contar la famosa “deuda flotante”, es decir los compromisos que no se pueden cubrir en el ejercicio presente siendo trasladados al siguiente, como el caso actual de lo adeudado a las farmacéuticas, que implica alrededor de 150 millones de dólares.
Siempre se dijo que la calidad del gasto público requiere de un abordaje realista y sincero por parte del gobierno, pero desde el advenimiento de la democracia, los sucesivos equipos económicos no pudieron encarar, o no quisieron hacerlo, la urgente reforma del gasto público, acudiendo en primer lugar al expediente de crear impuestos o aumentar sus tasas, y casi sin poner atención al relevante aspecto de la expansión de la base tributaria sin necesidad de apretar aún más la presión impositiva.
Una vez conseguido el aumento de las recaudaciones, el Congreso se encargaba de hinchar a más no poder, año tras año, el presupuesto de gastos de la nación, no escapando de esta tesitura las actuales cámaras legislativas, que no conocieron prácticamente la palabra austeridad, autoasignándose privilegios como la jubilación vip, el seguro de primer mundo, viáticos y sobresueldos de todo tipo como los cupos de combustibles, además de inflar sus gastos con la contratación de familiares y amigos como “asesores”.
No financiar el carnaval con deuda
Si los congresistas dieron el ejemplo de falta de escrúpulos para aumentar los gastos, en un cometido que raya lo inmoral en el caso de sus autogratificaciones, los demás ministerios y entes públicos no le fueron en zaga. De allí que se impone en el nuevo gobierno de Mario Abdo poner freno al sistema del endeudamiento para financiar el carnaval del gasto público, que termina pagando el pueblo no tanto con impuestos sino con la precariedad de los servicios públicos de seguridad, salud, educación y demás prestaciones sociales.
Es cierto que una porción importante de la mayor deuda en la gestión cartista se destinó a las obras de infraestructura vial, pero otra parte se orientó a cubrir los pagos del mayor endeudamiento, en una operación conocida como “la bicicleta”, lo que en el fondo significa cubrir el déficit fiscal con mayor deuda, en una especie de ingreso a un círculo vicioso.
El futuro ministro de Hacienda, Benigno López, hermano del presidente electo, fue consultado si el nuevo gobierno volverá a echar mano de la emisión de bonos soberanos, al nivel que lo hizo HC, por casi 3 mil millones de dólares. Dijo al respecto que se analiza la posibilidad de realizar una captación única, con un monto importante que no especificó, pero que se debería a la tendencia alcista de los tipos de interés en el mundo.
Una razón valedera para ir analizando la conveniencia de no acudir en exceso al crédito externo, por lo que se tendrían que arbitrar medidas de austeridad, mejorando la calidad del mismo y reduciendo el gasto superfluo en contrataciones de personal evitables o en compras sobrefacturadas, e incluso en adquisiciones totalmente prescindibles.
Ahora por fin la ministra de Hacienda, Lea Giménez, admitió la necesidad de utilizar la tecnología para controlar la trazabilidad de las compras y saber, por ejemplo, a dónde van los medicamentos, cómo se utilizan los insumos y si están bien distribuidos en los diferentes hospitales o centros de salud de todo el país.
Es la primera vez que desde la cartera de Hacienda se habla de lo perentorio que resulta reformular el gasto estatal, desde la óptica de la austeridad. En lo que no hay que parar en el gasto es en la devolución de los recursos al pueblo más necesitado, para lo cual se impone que los ingresos corrientes provenientes de los impuestos se dirijan no sólo a cubrir los salarios de los funcionarios, como ocurre en gran parte en la actualidad, sino también se oriente una porción de los impuestos, como el de la renta personal, a iniciar finalmente la necesaria redistribución de la riqueza para su giro a los sectores más carenciados.
Por último, urge también poner freno a la corrupción en las licitaciones y adjudicaciones públicas, haciendo que el porcentaje destinado a las “coimisiones” sea eliminado, con lo cual se ahorrarían igualmente miles de millones de guaraníes para su reenvío a los gastos sociales.
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