Escribe: Luis Alen.
La primera imputación de fuerte connotación política de la renovada Fiscalía tiene como destinatario al exministro de Obras Públicas y socio empresarial de HC, Ramón Jiménez Gaona, en el caso del fallido Metrobús. La causa llevada ahora a los tribunales ya fue admitida por el juez Humberto Otazú y podría salpicar también al exministro de Hacienda y candidato presidencial de la ANR, Santiago Peña, quien había ordenado los pagos a la constructora portuguesa Mota-Engil por las obras que no fueron culminadas.
La campaña electoral entró en una recta final caliente con el ingrediente del “significativo” empuje del nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, con su decisión de sacar del “freezer” de casi cinco años el caso Metrobús, que es una herencia de la administración de Horacio Cartes.
Esta movida fiscal implica la primera investigación de grueso calibre que pesa sobre la gestión cartista, con un fuerte tufo a malversación de fondos públicos que afecta especialmente los últimos años de gobierno de HC.
A la falta de dinero en la ANR para encarar el duro trajinar del último tramo previo al “día D”, se añade ahora también un caso abierto en la justicia para calibrar responsabilidades del cartismo en el manejo del patrimonio estatal, lo que pone en duda incluso la posibilidad de un triunfo electoral de la dupla Peña-Alliana.
Cuando los medios cartistas informaron que sería cuestión de horas la presentación de una denuncia en la fiscalía contra Efraín Alegre, por una supuesta malversación de fondos cuando éste era ministro de Obras Públicas entre 2008 y 2011 durante la gestión de Fernando Lugo, casi en forma inmediata sobrevino el golpe del nuevo Ministerio Público encabezado por Rolón, quien había prometido desde un principio de su mandato que no apañará a nadie, lo que incluye lógicamente al Patrón y soporte de la anterior fiscal general Sandra Quiñónez.
La arremetida fiscal cobra particular relevancia porque se trata de uno de los más intrincados casos de corrupción en una obra pública plagada de irregularidades, con el agravante de sobrecostos y pagos incurridos por el Estado sin que se haya aclarado lo que realmente sucedió, corriendo el riesgo de ir al famoso “opa rei” como tantos otros episodios de tragadas millonarias en dólares por parte de funcionarios inescrupulosos, en las últimas décadas de oscuras gestiones gubernamentales no investigadas por los fiscales.
La fiscala María Estefanía González, además de imputar al exministro Jiménez Gaona, tomó la misma medida contra la exviceministra de Finanzas del MOPC, Marta Regina Benítez Morínigo, y el exgerente de la fracasada obra, Guillermo Alcides Alcaraz Reinsinguer.
En el acta de imputación, la fiscala puso mayormente la responsabilidad del fiasco del Metrobús en el exministro Jiménez Gaona, por tener “la obligación de coordinar, supervisar y controlar” los contratos suscritos por el ministerio, y “al no haber cumplido con exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra, que impidieron la viabilidad de la culminación de los trabajos realizados”, por la constructora portuguesa Mota-Engil Ingeniería y Construcción S.A. con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Lo concreto es que se pagaron certificados de obras no finalizadas, incluyendo sobrecostos también agregados en forma irregular, con autorización de la administración de Jiménez Gaona, con la venia del presidente de entonces, Horacio Cartes, según la imputación fiscal que adquiere así carácter netamente político en plena campaña electoral.
Así, se desembolsaron US$ 29 millones, “por obras que no cumplirían especificaciones técnicas (contrato y pliego de bases y condiciones)” y que no servirían para la finalidad del Programa Metrobús, por lo que “las obras pagadas no serían de ninguna utilidad para la ciudadanía”.
La herencia bajo la lupa
El fiscal general Emiliano Rolón empezó su gestión con todas las luces encendidas y en pocos días tras asumir el 9 de marzo ya fue dando señales de que quiere limpiar el Ministerio Público de tanta suciedad dejada por la gestión pasada de Sandra Quiñónez, quien durante cinco años se encargó de evitar cualquier investigación seria contra el Patrón HC, sea de sus cuestiones personales en temas como el lavado de dinero y el contrabando de cigarrillos, como en los casos referidos a su administración al frente del país en el período 2013-2018.
En el caso Metrobús, salta a la vista que el perjuicio económico al Estado, a los frentistas y a la ciudadanía toda, ha sido cuantioso, poniendo sobre el tapete un sonado asunto que golpea la misma línea de flotación cartista, al ser implicado directamente el exministro de HC, Ramón Jiménez Gaona, ahora imputado por lesión de confianza, y en forma indirecta le podría alcanzar al exministro de Hacienda y candidato presidencial por la ANR, Santi Peña, e incluso al mismo Cartes.
Como una especie de mecanismo de defensa tardío, la artillería de la propaganda cartista apuntó en los últimos días a antiguas denuncias sobre la gestión de Efraín al frente del MOPC, hace más de una década, con la pregunta lógica que se podía hacer también respecto a la llamativa inacción del mismo poder de HC para ordenar en su momento una investigación sobre la administración del candidato de la Concertación, ya que en forma oportunista ahora se desempolvan supuestas malversaciones que ya quedaron opacadas por la escandalosa trama del Metrobús.
Esto, si es que realmente ocurrió lo denunciado contra Alegre, que por otro lado ya habría prescrito en el caso que ameritaba una investigación.
HC por lo visto ya intuía que se sacaría rápidamente del “freezer” el sonado caso Metrobús, por parte del fiscal general Rolón, sin esperar que primero se realice la auditoría de la Contraloría sobre la gestión administrativa de Quiñónez, e incluso sin aguardar la denuncia que hará el Senado sobre el cajoneo de causas de corrupción por parte de la anterior jefa del Ministerio Público.
Ahora se entiende también por qué Cartes se aferra a la titularidad de la ANR, pese a los problemas de recursos que afronta la nucleación política principal del país, al ser sancionado HC por los Estados Unidos sin poder operar en su sistema financiero y tener que abandonar por ello hasta sus empresas.
Es que sin poder político, Horacio podría estar más sujeto aún a las investigaciones fiscales.
Por dicho motivo, la dirigencia de la ANR y especialmente los de Fuerza Republicana, ya prácticamente sólo esperan el resultado de las elecciones tal como lo expresara Nicanor Duarte Frutos, quien reconoció sin muchos rodeos que no convendría que HC dé ahora el paso al costado, porque una renuncia del Patrón a la cúpula de la ANR le podría ser fatal al partido en la consideración de los electores, dando lugar a una segura derrota electoral y perjudicando las chances de los demás candidatos a cargos electivos para el Congreso, las gobernaciones y las juntas departamentales.
Pero a despecho de la paciencia de Nicanor para con el Patrón, éste comenzó a desembolsar fondos para los candidatos que responden a su movimiento y a sus directivas, según las denuncias de exponentes del abdismo, dejando desubicados en su posición tanto a Duarte Frutos como a otros que no ven apropiado pedir la salida de Horacio para no perjudicar a la ANR exigiendo su renuncia antes del 30 de abril.
En el caso de una derrota electoral, podría producirse finalmente el alejamiento de HC, pero si gana su títere Santi Peña el escenario será muy diferente, con un poder político que le permitiría sortear las investigaciones fiscales en su contra, aunque poniendo sobre la mesa, en contrapartida, las denuncias contra la administración actual de Marito Abdo, tal como ya lo adelantó el diputado Ulises Quintana.
Pero la espera obligada impulsada por Duarte Frutos equivaldría también al reconocimiento de que, cualquiera sea el resultado en las urnas, ya no habría vuelta atrás en la determinación de la fiscalía de Rolón de llevar adelante otras investigaciones contra HC del tamaño del Metrobús o aún mayores, como sería el caso de una imputación en los demás temas pendientes como lavado de dinero, contrabando de cigarrillos y otras acusaciones nuevas, incluyendo las que dio a conocer el embajador de los Estados Unidos en el Paraguay, Marc Ostfield, sobre el soborno a los políticos colorados y de la oposición, así como la denuncia acerca de las ligazones de los negocios de Horacio Cartes con el grupo terrorista libanés Hezbollah.
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