Escribe: Luis Alen.
Un nuevo proyecto de juicio político, más testimonial que efectivo, fue presentado en la Cámara de Diputados contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, a quien se le quiere “jubilar” por anticipado después de conocerse un contrato entre su hijo Amílcar Fretes y Sharif Kassem Hijazi, por el cual se pretendía evitar la extradición a los Estados Unidos del padre de éste, el empresario brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi.
Se le reclama la renuncia al titular de la Corte, en forma unánime por parte de actores políticos y profesionales del Derecho, pero Antonio Fretes permanece aferrado a su cargo a la espera que pase la tormenta y se retire del Poder Judicial en marzo, cuando cumpla 75 años.
El cuestionado ministro saldrá prácticamente por la ventana, porque sus propios colegas le exigen también un paso al costado apresurado, con tal de “limpiar la imagen” de una Justicia cada vez más desprestigiada.
Era lo único que faltaba para confirmar lo que ya se era un secreto a voces, acerca de la total sujeción de la Justicia a los mandatos del poder fáctico, operado principalmente por intereses económicos con la complicidad de estamentos políticos, como el liderado por el Patrón HC, cuya bancada en Diputados optó por el silencio en el caso Hijazi.
Pero el “affaire” ocurre en forma simultánea con “golpes” fortísimos que asesta dicho poder paralelo en coincidencia con el reemplazo próximo en la fiscalía general del Estado, que es el puesto más codiciado en estos momentos para seguir marcando líneas a los magistrados judiciales, aunque también es posible ver una luz de esperanza en que el recambio en el Ministerio Público opere el “milagro” de tender hacia la independencia del Poder Judicial, muy necesaria para que el país ingrese a una nueva era con el relevo que también se tendrá en el próximo período constitucional, en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Es el caso, por ejemplo, de una criticada sentencia del juez Wilfrido Peralta contra la libertad de expresión garantizada por el artículo 26 de la Constitución Nacional, por la cual se busca sentar el peligroso precedente de la autocensura de prensa, para que los funcionarios no sean “molestados” por informaciones que consideran adversas a su desempeño, muchas veces en la mira por corruptelas que de ahora en más se busca silenciar con el padrinazgo del poder fáctico.
Defender la democracia
Es que uno de los peligros para la democracia en nuestro país es la debilidad de las instituciones y específicamente del sistema judicial, que se constituye en una causal básica de la creciente desconfianza de la sociedad hacia fiscales y magistrados, lo que a su vez agrava aún más los factores que impulsan la desigualdad económica y social.
El escándalo de la “coima documentada” sólo vino a confirmar la existencia de poderosos intereses económicos y políticos por detrás de las decisiones judiciales, pero en el caso Hijazi ya tocaron los intereses vitales de Estados Unidos, que mantiene una lucha frontal contra el crimen organizado del narcotráfico ligado al extremismo islámico de Hezbollah.
La “coima documentada” tenía el fin de evitar la extradición de Hijazi, que a pesar de ello se concretó el pasado julio porque el reclamante era Estados Unidos.
El ministro Antonio Fretes fue uno de los firmantes del “tour” obligado de Hijazi, pero hay que recordar también que ya el mismo Fretes había firmado en 2008 a favor de Kassem Mohamad Hijazi, el rechazo de la acción de inconstitucionalidad que había presentado la fiscalía contra una decisión del tribunal de apelación que blanqueó al empresario brasileño-libanés en un caso de supuestos hechos punibles contra el erario (evasión impositiva).
Tanto la fiscalía general a cargo de Sandra Quiñónez como los magistrados judiciales no habrían podido por sí solos enviar a Estados Unidos a Kassem Mohamad Hijazi, acusado en la justicia norteamericana por lavar dinero del narcotráfico a favor del crimen organizado y del financiamiento de actividades terroristas. Es notorio que la orden provino del Norte, así como también se espera que vengan más peticiones de extradición, a las que Fretes y los demás ministros de la Corte no podrán negarse, más aún después de salir a la luz la “coima documentada”.
Se espera igualmente que con el cambio en la fiscalía merme la influencia del poder fáctico cartista, que es lo buscado por la embajada norteamericana, que a estas alturas ya no disimula su impaciencia por barrer con el enorme predominio del señalado como “significativamente corrupto” por la primera potencia mundial, no sólo en la arena política nacional sino también en la escena judicial.
El cambio en la fiscalía
El Consejo de la Magistratura inicia el proceso de selección de los 53 candidatos inscriptos para integrar la terna que será presentada posiblemente en la segunda quincena de diciembre al Poder Ejecutivo, con vistas a la renovación en la cúpula del Ministerio Público.
Para devolver la confianza del pueblo, no sólo es insoslayable la mejora en los procesos de selección de la magistratura y la fiscalía, sino también que el desempeño de los encargados de impartir justicia se haga con independencia de las presiones, ya sea políticas o de los poderes fácticos, que siempre buscan conseguir resoluciones o sentencias que satisfagan sus intereses y no los de la comunidad en su conjunto.
La corrupción y la impunidad están en la base del sistema político que prioriza las conductas oportunistas de quienes ostentan el poder para cuidar sus propios intereses, despreciando o ignorando los de la sociedad a la que supuestamente dicen representar.
De allí que resulta el imperativo de la hora en el Paraguay reducir el “oportunismo político” y pasar a la etapa de la “confiabilidad institucional”.
Así, por el motivo de que las instituciones débiles plantean escasas limitaciones a las arbitrariedades, la sociedad civil debe actuar como un contralor ciudadano que devuelva la confianza en las instituciones, lo que evidentemente ayudará a persuadir a las personas claves de una institución como el Poder Judicial para que no actúen de manera oportunista.
La ciudadanía movilizada se erige así en el puntal de la recuperación institucional de la República, que es la garantía a su vez para lograr un sistema judicial acorde con la necesidad de conseguir un desarrollo social equitativo en el país.
El proceso de confiabilidad institucional tendrá así un efecto positivo en el progreso social y económico, en la medida que exige una institucionalidad más efectiva.
Si las instituciones producen resultados justos y efectivos para todos los ciudadanos y se elimina la conducta oportunista de los funcionarios, la confianza entre las personas crecerá y también lo hará la confianza institucional, todo lo cual redundará en beneficio del desarrollo nacional.
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