Escribe: Luis Alen.
La crisis económica y social creada por la pandemia sólo podrá ser enfrentada con una reforma del Estado que permita el uso más eficiente de los recursos, comenzando por el corte del despilfarro de fondos en los agujeros negros de la corrupción. Pero para ello es imperioso ir hacia un funcionamiento autónomo de la Fiscalía y del Poder Judicial, eliminando su dependencia actual de la clase política.
Con la llegada del millón de vacunas donadas por el Gobierno de Estados Unidos, sumada a la venida de otras partidas menores durante este mes de julio, se espera que adquiera dinamismo la campaña de inmunización de la población económicamente activa y así llevar adelante con mayor fuerza el proceso de recuperación productiva, que resulta esencial después de la grave recesión provocada por el Covid-19.
Pero la inoculación masiva de por sí no será totalmente una panacea para salir del atolladero actual de la economía, si es que el Gobierno paraguayo sigue con su dejadez atávica en la lucha contra la corrupción y la impunidad, aferrado a las prácticas políticas que han otorgado cancha libre al narcotráfico, el contrabando, el lavado de dinero y al crimen organizado en general.
La pandemia tuvo su lado triste por la pérdida de vidas ante la ferocidad del virus, pero también es cierto que el sufrimiento de miles de familias paraguayas pudo haber sido amortiguado o evitado directamente si es que la infraestructura sanitaria y un sistema de atención universal eficiente hubieran estado preparados a tiempo.
Pero ello no ocurrió y se tuvo en consecuencia que lamentar lo peor en términos humanos, económicos y sociales, principalmente con el resultado de un endeudamiento estatal sin precedentes en nuestra historia, con el agravante de no tener hasta ahora la rendición de cuentas sobre lo gastado por el Gobierno en el salvataje de emergencia de 1.600 millones de dólares, aprobado ya por el Congreso en el primer semestre del año pasado.
Callejón sin salida
El Gobierno de Marito Abdo se halla en un virtual callejón sin salida, ante la incertidumbre de contar con nuevos fondos para financiar tanto los requerimientos de recursos por la emergencia sanitaria como para la continuidad de los demás programas estatales en el segundo semestre de 2021. Y ello sin considerar que también se deberá prever el financiamiento para el apoyo de una necesaria reactivación económica, empalmando ya con la elaboración del proyecto de presupuesto del año venidero.
Ante la falta de rendición de cuentas por lo actuado con la ley de emergencia 6.524 de 2020 que vencía precisamente el 1 de julio, y posiblemente para evitar las críticas tanto de los parlamentarios como de la sociedad, el Ejecutivo tuvo que pedir a las apuradas sesiones extraordinarias de las cámaras legislativas con el fin de prorrogar hasta el 31 de diciembre la vigencia de algunas de las medidas especiales de orden sanitario, financiero y administrativo, vigentes para enfrentar la pandemia y con ello proseguir licitaciones y adquisiciones de insumos o la asistencia a la población afectada por la incierta situación de salud.
Esto indica de cuerpo entero la dificultad que afronta el Gobierno para sobrellevar la administración de la crisis, más aún cuando tanto las muertes aumentadas de personas por el virus como las consecuencias económicas y sociales, han sido en gran parte ya atribuidas a la misma gestión del Ejecutivo, calificada como “desastrosa” por los propios políticos al realizar una evaluación del informe triunfalista contenido en el mensaje anual del presidente ante el Congreso, la semana pasada.
El presidente del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, anunció que sólo en materia de ampliación del presupuesto de los ministerios de Salud y Obras Públicas, además de la ANDE, se requiere de más de US$ 780 millones, lo que sería motivo de la obtención de nuevos préstamos. Por su parte, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, reconoció que los programas de apoyo a los afectados por el covid, como los de Gasto Cero y Terapia Intensiva, sólo tendrán fondos hasta agosto, mientras que la diputada Celeste Amarilla informó en la comisión especial de crisis de la Cámara Baja que para diciembre el déficit acumulado por las necesidades financieras vinculadas a Salud llegaría a US$ 510 millones, por lo que se deberían ver en forma urgente las nuevas fuentes de recursos.
Es cierto que el desbarajuste financiero por la pandemia puede desestabilizar a cualquier gobierno, pero en el caso paraguayo ahora lo que se plantea es una robusta respuesta gubernamental en materia de planes para salir rápidamente de la crisis, después de casi un año y medio de desaciertos en el plano sanitario, de escuálida asistencia a los sectores económicos más afectados y de la debacle en el sector educativo.
Marito Abdo tiene aún dos años de gestión, pero a estar por su discurso del pasado jueves, el presidente decidió por lo visto optar por el camino de no complicarse la vida con grandes planteos tendientes a ir hacia la reforma del Estado o la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad. Prefiere pelear sólo por conseguir los recursos financieros que le permitan cumplir con la cobertura de los gastos de la emergencia hasta el final de su mandato, a sabiendas que deja al próximo gobierno un pesado fardo.
Todo pasa por la reforma
Se está viendo que se vuelve imperiosa la reforma del Estado desde donde se mire. Es así que se habla de la negociación con el Brasil por Itaipú, pero para ello no puede seguir siendo la ANDE un barril sin fondo que lo engulle todo, porque ahora incluso se afirma que en el caso de no bajar la tarifa de la electricidad de la binacional, o si se adoptase una tarifa intermedia para no bajarla en exceso como quiere el Brasil, los recursos extras conseguidos, toda vez que ya no hay deudas, irían para financiar los planes de expansión del ente estatal paraguayo.
Pero lo correcto debería ser la búsqueda de inversiones privadas nacionales y extranjeras que ingresen capitales frescos al sector eléctrico nacional, sin ir nuevamente a mayor endeudamiento público y destinar en cambio los excedentes de Itaipú a los sectores más carenciados de la sociedad. Para este cometido se debe desmonopolizar la ANDE y ponerla a competir con el sector privado en materia de generación y distribución de la electricidad, lo cual requiere de un nuevo marco legal regulatorio de la energía en el país.
Asimismo, se ha comenzado a discutir también el sistema previsional y de jubilaciones, que precisa de un nuevo mecanismo que garantice por un lado el seguro universal de salud para todos, con el aporte privado, y al mismo tiempo la existencia de un sistema jubilatorio general que asegure los ingresos equivalentes a los aportes realizados por los trabajadores, ya estén en situación de dependencia o por cuenta propia, poniendo en debate si conviene continuar con el sistema que va entrando en grave crisis, como el déficit enorme de la caja fiscal o la posible pérdida gradual del equilibrio en el IPS por una decisión de la Corte Suprema en favor de un puñado de marinos que pidieron se les pague de acuerdo a sus aportes verdaderos.
La decisión judicial, que aún no está firme, supone un torpedo en la línea de flotación del régimen solidario actual, para pasar eventualmente al cobro de una jubilación muy por encima de la capacidad financiera del ente previsional y de las demás cajas de pensiones, lo que llevaría a su quiebra a corto plazo si es que otros jubilados reclaman lo mismo ante la máxima instancia de justicia.
Son dos ejemplos que ilustran la urgencia de la reforma del Estado que sea producto de un pacto político-social, pero que posiblemente será ya materia de una propuesta de gobierno de cara a las elecciones de 2023.
No obstante, el Gobierno de Marito tendría que tomar como su propia reivindicación ante la nación y la historia patria comenzar con un proceso inicial de debate nacional, junto a posturas que conduzcan a la lucha sin cuartel contra la corrupción y la impunidad, en la medida en que administrando la crisis y llevando a cabo el diálogo social, en gran parte se estará poniendo a salvo a sí mismo de un nuevo juicio político, al tiempo que entregará un país en marcha hacia los cambios que precisa, incluso antes de 2023.
Un auténtico programa de reforma estatal debe necesariamente incluir como condición esencial la independencia judicial, que es la base para el funcionamiento del Estado social de Derecho establecido en la Constitución. Quizás es el máximo escollo para la labor reformadora, porque se debe evitar que la clase política siga dictando a los jueces lo que deben resolver, cuando lo indicado es que los magistrados sólo se pongan a hacer su trabajo, que es aplicar la ley e interpretar la Constitución sin ninguna dependencia del poder político, y peor aún, de los poderes fácticos, como ocurre actualmente.
El presidente Abdo debió explicar en su alocución por qué no sigue el proceso de reforma del Estado que en principio se había anunciado a cargo del vicepresidente Hugo Velázquez, quien ahora se postula para la precandidatura presidencial en 2023, sin haber cumplido con la gran tarea que se le había encomendado en los comienzos de la crisis por la pandemia.
En vista de la imposibilidad del Gobierno de llevar adelante la reforma, quedaría pendiente para su realización en el próximo período constitucional, lo que conduce a la interrogante de si la eventual alianza opositora tiene ya estudiado un programa o un planteo al respecto.
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