Ministros van a consejo de Itaipú para la renegociación del Tratado

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Santi Peña estará implicado en forma directa en la negociación con Brasil, porque varios de sus ministros ahora forman parte del consejo de Itaipú, como Lea Giménez, jefa de gabinete, así como Rubén Ramírez Lezcano, el canciller nacional.

Escribe: Luis Alen.

 

En una medida sin precedentes, pero a tono con la necesidad de encontrar la mejor estrategia para la defensa de los intereses nacionales en Itaipú, el presidente Santiago Peña dispuso enviar a varios ministros del Ejecutivo al consejo de administración de la entidad. A partir de ahora, uno de los principales temas de la relación con Brasil se enmarca en las tratativas para el nuevo Anexo C del Tratado, pero también se podría dar el caso de entrar de lleno en una renegociación de todo el acuerdo binacional que data de 1973.

 

El consejo de la Itaipú Binacional es el escenario elegido por los gobiernos de Brasil y Paraguay para llevar adelante las difíciles negociaciones con miras a revisar el Anexo C e incluso el mismo Tratado firmado hace 50 años, después que el presidente Santiago Peña nombrara a varios de sus principales ministros como miembros del consejo de administración de la entidad binacional, emulando los nombramientos de secretarios de Estado que también hizo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El tema de la renegociación de Itaipú marcará indudablemente la presidencia de Santi Peña, por tratarse de una cuestión fundamental para el futuro de nuestro país. Aunque ha sorprendido un tanto a la oposición la inusual decisión del flamante presidente, porque la Constitución no permite que los ministros tengan otra ocupación que la estrictamente relacionada con su cargo.

Posiblemente, el jefe de Estado paraguayo quiso hacer lo mismo que su colega brasileño, entendiendo el mensaje implícito de que para los dos países ha llegado el momento de intentar hasta si se quiere una renegociación total del Tratado y no sólo del Anexo C.

Es por eso que la medida no responde precisamente a un “efecto espejo” de la actitud brasileña, sino más bien porque resulta fundamental que el gobierno nacional demuestre a su par brasileño que “la alta parte paraguaya” estará representada desde ya por personas que cuentan con el peso político suficiente, por tener acceso directo al presidente y por tanto con el poder para decidir lo que más convenga al país, si es que realmente se aplica una estrategia válida que esté en sintonía con los altos intereses nacionales.

A falta de una estrategia consensuada a nivel país y conocida por la opinión pública, lo que dan a entender las designaciones de Peña es la intención de mostrar a los brasileños que la contraparte paraguaya cuenta con suficiente aval del poder político nacional, con el fin de defender con argumentos válidos la postura que finalmente más convenga al Paraguay.

Pero para ello resulta un requisito la transparencia necesaria en la negociación de cara a la sociedad, para lo cual es imprescindible que se abra un debate con las fuerzas vivas del país, los partidos políticos, el empresariado y los sectores académicos, con miras a llegar a un gran acuerdo nacional en el vital asunto del ejercicio de la soberanía energética y la exigencia de sacar el máximo provecho de la energía eléctrica para beneficio de la mayoría de la población, después que durante medio siglo gran parte de los rendimientos financieros de Itaipú fueron a parar a Brasil, quedando una porción menor en el Paraguay, pero en manos de una minoría de gente privilegiada, especialmente por su relación con el poder político y económico.

 

Un consejo para negociar

El consejo de administración de Itaipú tiene básicamente el gobierno de la entidad y ejerce la representación de los dos estados socios en la binacional, aunque también puede servir de caja de resonancia para avanzar en la renegociación tanto del Anexo C como del Tratado en su totalidad, a partir de su renovada composición, después de los nombramientos de ministros miembros de los dos gabinetes de ambos gobiernos.

Por tal motivo, se puede afirmar sin temor a equívocos que el acuerdo final sobre el futuro de la entidad ya no será sólo temática meramente técnica en el consejo de administración de Itaipú, sino eminentemente vinculada al poder político, dada la  composición del organismo. Allí se puede entender el por qué de la presencia mayoritaria de ministros, dando realce al momento histórico de la renegociación en la hidroeléctrica.

El entendimiento que se logre ya tendrá el pleno respaldo del poder, tanto en Brasil como en Paraguay, pero lógicamente sujeto al debate posterior del acuerdo alcanzado, para su ratificación en ambos congresos nacionales.

La presencia de los referentes del gabinete ayudará también a que el acuerdo técnico-político no sea negociado entre gallos y medianoche, siendo el consejo de Itaipú una instancia apropiada que ha sido elegida para ello, atendiendo a la necesidad de unir los argumentos técnicos de peso con las prioridades de tipo político, que se discuten además en el amplio escenario de la opinión ciudadana.

El presidente Santi Peña se ha involucrado directamente tanto en el gobierno como en el devenir de Itaipú, con la presencia de varios miembros de su gabinete en el manejo de la entidad binacional, poniendo así de relieve la importancia que tiene para el país un mejor aprovechamiento de la mayor riqueza nacional.

 

¿Anexo C y Tratado?

El 13 de agosto de 2023 se cumplieron los 50 años de vigencia del Tratado, dando inicio al período de revisión del Anexo C de las prestaciones financieras, según dispone el mismo documento fundamental de Itaipú. Pero Santi Peña le propuso a Lula da Silva en una visita que le hizo en Brasilia antes de asumir el pasado 15 de agosto, que ambos países vayan pensando en una renegociación total del Tratado, y no sólo del Anexo C.

A la vista de que el mismo gobierno brasileño ve que la negociación llevará un tiempo, posiblemente más prolongado de lo esperado inicialmente, lo cierto es que ya se darán las primeras escaramuzas en las tratativas con la contratación de potencia y de compra de energía excedente por parte de ambos países, según la tarifa vigente.

En este sentido, existen opiniones técnicas que indican que Paraguay igual podría proponer a su socio con el texto actual del Tratado, comprar la potencia que le corresponde (el 50 por ciento del total disponible en la usina), para revender al Brasil parte de la energía que no utiliza en el plano nacional a precios de mercado en las subastas que se realizan en el mercado vecino.

Pero esta posibilidad no sería factible si se tiene en cuenta que el Tratado es claro en cuanto a que el Brasil debe ser beneficiado con la cesión de la energía no utilizada por el Paraguay, a cambio de una “compensación”, como es actualmente el sistema que rige en los pagos al país, incluyendo también los royalties, utilidades y los resarcimientos, que están previstos en el acuerdo fundacional.

En cualquier caso, nuestro país requiere de ingentes recursos financieros adicionales para disminuir los grandes déficits en infraestructura, educación, salud y saneamiento ambiental, además de vivienda y urbanismo, por lo que también es una posibilidad que se siga pensando en Itaipú como una “renta” a través de una mayor “compensación” por la cesión de energía al Brasil, hasta tanto se llegue a un entendimiento de largo plazo sobre la venta o exportación de la energía excedente a precios vigentes en el mercado regional del Cono Sur sudamericano.

El modelo de desarrollo del Paraguay depende en sumo grado de la utilización mayor de la energía con fines de industrialización en nuestro territorio, por lo que también hay otros aspectos claves que analizar en la negociación de Itaipú, de cuyo resultado dependerá también la meta de lograr el “grado de inversión” que permita la venida de capitales foráneos para lograr la instalación de las industrias, por ejemplo las de tecnología de última generación con base en la energía renovable originada en la gran represa binacional del río Paraná.

Son todos asuntos muy delicados y complejos para la negociación con los vecinos, lo que explica de alguna forma el paso dado por Peña en el consejo de la binacional, sin importar que haya un vasto sector de la oposición que discrepa con nombrar a ministros que deben  ocuparse a tiempo completo de su trabajo específico, según la Constitución.

Por de pronto, Santi probó por primera vez el termómetro de la temperatura política en Diputados, donde se rechazó de plano el pedido opositor de solicitar al Ejecutivo la revisión de los nombramientos de ministros en Itaipú.

Este resultado confirma una cómoda situación de mayoría política oficialista que impide, por ahora, cualquier atisbo de un pedido de juicio político por supuesto “mal desempeño de funciones”, de acuerdo con el parecer de algunos voceros opositores, en cuanto a la decisión del presidente de enviar a sus ministros a formar parte del consejo de administración de Itaipú, que chocaría con artículos de la Constitución acerca de la incompatibilidad para los secretarios de Estado en el ejercicio de sus funciones, en cuanto a tener otras ocupaciones ajenas a su cartera.

Pero si se trata de conformar en Itaipú la representación en el consejo que asegure la solvencia técnica y el apoyo político, es posible admitir que las designaciones realizadas por Santi son una garantía para el éxito en la negociación, por lo que bien vale la pena que los ministros estén “comisionados” a tan magna tarea que hace al futuro de la nación.

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