Escribe: Luis Alen.
La medida unilateral argentina de cobrar un peaje en la hidrovía ha ocasionado una respuesta contundente del presidente Santiago Peña, que ha ordenado a la ANDE retirar toda la energía que le corresponde al Paraguay en la usina Yacyretá, equivalente al 50 por ciento de la producción en la hidroeléctrica binacional. El conflicto con los vecinos del sur ha escalado hasta el punto de poner de resalto la urgencia de una verdadera integración económica y energética a nivel del Mercosur.
La inconsulta decisión del gobierno de Buenos Aires de poner en vigencia el cobro en la hidrovía como una tasa por obras de navegabilidad ha desatado la contundente reacción paraguaya, que sólo tuvo lugar tras la toma de posesión de Santi Peña y después que la prefectura naval argentina comenzó a detener las embarcaciones con bandera nacional exigiendo el pago, como ocurrió con un convoy transportador de combustibles, que es un elemento vital para la economía de nuestro país.
Hace tiempo que a la dirigencia porteña le asaltan las ganas de realizar el cobro del “peaje” a las navieras paraguayas, que se constituyeron en los últimos años en las puntales del transporte fluvial en la hidrovía Paraná-Paraguay. Se calcula que más de US$ 50 millones totalizaría el cobro anual estimado por el “impuesto” que no está previsto en tratado alguno de la Cuenca del Plata o de la hidrovía, y menos aún en el acuerdo del Mercosur, porque en todos los documentos que rigen las relaciones de integración en la región se garantiza la libre navegación de los ríos internacionales, quedando a cada país el costo del dragado y los demás cuidados de navegación.
El cobro por un servicio de mantenimiento de la navegabilidad podría ser considerado, pero tendría que ser fruto de un acuerdo entre los cinco países signatarios del tratado de la hidrovía: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su aplicación unilateral e inconsulta por la parte argentina ha originado la protesta unánime de los otros cuatro países afectados.
Repercusión en la integración regional
Más allá de un problema a resolver por las vías diplomáticas o valiéndose de los instrumentos jurídicos internacionales para la resolución de conflictos, como sería el caso de un arbitraje previsto en la hidrovía, la decisión del gobierno encabezado por Santi Peña de acudir a la novedosa respuesta de presionar a la parte argentina utilizando la energía de la central hidroeléctrica binacional Yacyretá, abre un escenario mucho más complicado en las relaciones del Paraguay con sus vecinos que repercutirá en los mecanismos de integración regional.
Santi sabía bien a qué exponía al gobierno bonaerense, al explicar a la prensa del vecino país que la medida unilateral en la hidrovía tendrá como consecuencia indeseable un costo mayor energético para los argentinos, debido a que con la retirada total de electricidad por parte de Paraguay, la Argentina tendrá que adquirir energía más cara de otros proveedores o de fuentes más costosas como la termoeléctrica, quedando de manifiesto lo barato que le resulta utilizar la electricidad que no es consumida por la margen paraguaya.
Pero la decisión retirar el 50 por ciento que corresponde al Paraguay en Yacyretá de la producción total, no sólo es una acertada medida como respuesta al “peaje” en la hidrovía, sino también obedece a la necesidad de iniciar un proceso de recomposición financiera en la entidad binacional, donde siempre el más perjudicado ha sido nuestro país, tanto por el atraso de años en los pagos argentinos por la cesión de la energía no consumida por la parte paraguaya, hablándose de una deuda de US$ 150 millones, sino también por la falta de definiciones sobre el precio de la energía y el costo histórico de una deuda no auditada en forma independiente por la construcción de la represa, que ni el actual gobierno argentino ha querido reconocer ni cuantificar, al no urgir a su Congreso la ratificación del encajonado acuerdo Cartes-Macri de 2017.
El diferendo con la Argentina ocurre en momentos en que también el actual gobierno peronista se juega su continuidad en las elecciones de octubre y en el balotaje casi seguro que ocurrirá en noviembre, donde podría tomar el poder la oposición liderada por Patricia Bullrich, la anterior ministra de Seguridad de Mauricio Macri, o por el sector liberal ultraderechista liderado por el diputado Javier Milei, quien incluso ha pedido “privatizar” la hidrovía para luchar mejor contra los traficantes de drogas y contrabandistas.
Lo cierto es que el conflicto por la hidrovía y su repercusión en la energía no ha hecho más que poner sobre el tapete la necesidad de reformular todo el entramado de acuerdos vigentes en el Mercosur, para una mejor coordinación entre los gobiernos, de tal forma a garantizar la libre circulación de bienes y servicios, con el objetivo último de volver más competitivas las economías nacionales y regionales, lo cual ha sido siempre el propósito central de la integración económica.
A partir de este punto estratégico para el desarrollo sudamericano, la meta debe ser que también se extienda el beneficio de la plena integración al sector energético, para la vigencia de precios de mercado por la abundante electricidad que posee el Paraguay, pero que hasta hoy es utilizada por los países vecinos a precio irrisorio, como en el caso de Brasil en Itaipú y de Argentina en Yacyretá.
¿Operación no es “óptima”?
La decisión política de poner en apuros a Argentina en materia energética, adoptada por Santi Peña, no llevará necesariamente a una reculada de Buenos Aires en el tema del “peaje” de la hidrovía, pero abre el horizonte en materia de una readecuación del escenario de la integración energética, de la cual el país pueda sacar un mayor beneficio.
Por de pronto, la operación de extraer por algunas horas casi el 50 por ciento de lo producido por Yacyretá y que pertenece al Paraguay, podría ser además conveniente para la ANDE por el precio menor de la energía de la EBY con relación a Itaipú, ya que ésta usina le cobra a la empresa eléctrica nacional US$ 26 megavatios/hora (MWh), en comparación a US$ 22,63 MWh de la usina paraguayo-argentina.
Pero esta aparente conveniencia se diluye por el lado de la contratación de potencia con Itaipú, que ya está acordada por la ANDE, mientras que con Yacyretá reina la incertidumbre de no haberse pactado una tarifa definida. Aparece de hecho un escenario contradictorio para la ANDE, que trata ahora de encontrar un nuevo punto de equilibrio en sus cuentas buscando una combinación más eficiente de sus costos, con una combinación en la distribución horaria de la energía que generan ambas gigantes hidroeléctricas situadas en el río Paraná, según reconoció el titular de la entidad estatal Félix Sosa.
Por cierto, la realidad es que el Paraguay termina extrayendo de Yacyretá un promedio mucho menor al 50 por ciento, durante todo el día, quedando para la Argentina una porción mayor con la cesión que se hace de una parte de la electricidad paraguaya no consumida en nuestro territorio.
Pero sí ha cambiado el exagerado desequilibrio anterior, cuando apenas el Paraguay estuvo retirando la mayor parte del tiempo alrededor del 10 por ciento de la energía generada por la EBY.
La nueva distribución en el abastecimiento generador al sistema interconectado nacional (SIN), que por momentos le corresponde ya el 35 por ciento a Yacyretá, el 62 por ciento a Itaipú y el 3 por ciento a la represa Acaray, muestra la potencial concreción del objetivo de utilizar la totalidad de la energía que le corresponde al Paraguay en ambas usinas binacionales, además del objetivo también alcanzado en forma exitosa en la interconexión de las centrales.
Queda entonces el camino expedito para lograr la próxima meta de una real integración energética en el Cono Sur, con la vigencia de un mercado eléctrico competitivo y con precios que permitan el genuino crecimiento económico que propicie finalmente el pleno desarrollo social y humano.
Al mismo tiempo, la decidida apuesta de Santi Peña por hacer valer los derechos paraguayos en la hidrovía y en la interconexión energética, indica que, utilizando las palabras del embajador argentino Domingo Peppo en declaraciones a una radio de su país acerca de que “el Gobierno del Paraguay se pasó de la raya”, en realidad lo que ocurrió fue que se marcó una nueva línea para la vigencia real de la libertad de navegación en los ríos, en la búsqueda de un mayor desarrollo económico y social aprovechando mejor la riqueza de las aguas de la hidrovía Paraná-Paraguay con potencial no sólo para transportar nuestros productos sino también para producir energía hidroeléctrica.
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