Escribe: Luis Alen.
Con bombos y platillos, el Gobierno cartista de Santi Peña convocó a la cumbre de poderes y de organismos de control para una mejor lucha anticorrupción, pero todo queda supeditado a la voluntad política y a la última palabra de HC, como quedó demostrado con la decisión de la Corte Suprema de aplicar el viejo manual de Javier Zacarías Irún, para “puentear” a la Contraloría y dejar que el Tribunal de Cuentas sea el que analice y juzgue la gestión administrativa del exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien al igual que Horacio Cartes fue declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos, y ambos son pasibles de ser investigados judicialmente por dicho motivo.
Una de cal y otra de arena, en relación al objetivo de unir fuerzas contra la corrupción y la impunidad, porque con esta iniciativa se dio un positivo arranque a la nueva gestión gubernativa, aunque también apareció en simultáneo la contradicción que puede ir carcomiendo las buenas intenciones del gobierno de Santiago Peña, como es el caso de la vieja práctica de manipular la Justicia de acuerdo a los intereses de la claque corrupta que medra con el poder político de turno.
Sólo que esta vez se pone a prueba el unicato cartista, que se nota muy avasallante en el Gobierno, el Congreso e incluso en el Poder Judicial, y en momentos en que no hay casi oposición. Es que resulta dudoso que el cartismo pueda tolerar una acción independiente de los organismos supra poderes, como la Contraloría y la Fiscalía, que más que nunca se encuentran ante el desafío mayúsculo de asumir su rol constitucional con el fin de llevar a cabo, precisamente, una eficaz lucha no sólo contra la corrupción y la impunidad, sino también contra los más nefastos flagelos actuales de la sociedad, como son la delincuencia organizada, todos los tráficos y el lavado de dinero, que tienen a los políticos como sus principales impulsores y protectores.
A nadie escapa, y menos aún a las agencias extranjeras como las estadounidenses que investigan los nexos de los políticos con las bandas de narcotraficantes, que el mayor peligro del país es que caiga en manos de la narcopolítica, con el mecanismo de protección a los delincuentes montado por el sistema político, que promueve el ambiente favorable para que florezcan sus oscuros negocios en un paraíso financiero con el fin de ir blanqueando los dudosos activos obtenidos al amparo de instituciones judiciales, fiscales y policiales totalmente a su servicio.
Del dicho al hecho…
“De buenas intenciones está abonado el camino del infierno”, se podría confirmar a propósito del plan de Santi Peña de frenar la corrupción en la administración estatal. Como secuela de la cumbre de poderes, la acción conjunta desembocará en la formación de un “Consejo Anti Corrupción”, en el que estarán representados tanto el Gobierno como el Parlamento, el Poder Judicial y la sociedad civil organizada, además de la Contraloría y la Fiscalía.
Pero el problema de entrada se halla en la voluntad política de hacer realidad la intención de luchar contra la corrupción, cuando se busca por todos los medios impedir que tanto la Contraloría como la Fiscalía cumplan a cabalidad con sus prerrogativas constitucionales. La misma invitación a que sus titulares se reúnan con quienes deben ser potencialmente sus auditados, da la pauta del interés político de tutelar a estos organismos extrapoder.
En los mismos días en que se están articulando los mecanismos de control que permitirán la mejor lucha anticorrupción, ya se nota la reacción de los sectores que potencialmente van a ser afectados por esta medida, retomando las viejas prácticas ya ensayadas para neutralizar tanto a la Contraloría como a la Fiscalía, que son los organismos constitucionales encargados de enfrentar a los corruptos.
Así, no fue ninguna casualidad que la misma Corte Suprema, cuyo presidente César Diesel participa de la cumbre anticorrupción, acordase por mayoría en su sala constitucional donde el citado ministro es miembro, que la Contraloría no sea la que audite la gestión pasada del saliente vicepresidente Hugo Velázquez, sino el Tribunal de Cuentas, lo que trajo a la memoria la conocida práctica de la época de Javier Zacarías Irún en la intendencia de Ciudad del Este, donde sólo pudo dar su visto bueno de las cuentas municipales dicha instancia del Poder Judicial, por supuesto aprobando de punta a punta los números de la cuestionada administración de los ZI, y sin que asomasen la nariz por la municipalidad esteña los fiscalizadores de la CGR (Contraloría General de la República)
Resulta sintomático que el cartismo esté adoptando ya en forma sistemática el “manual” de Zacarías Irún, cuando la prioridad del Patrón HC es su defensa ante el embate norteamericano, donde también está afectado el exvicepresidente Hugo Velázquez, y cuando ambos supuestamente ya tienen en danza las carpetas fiscales investigativas desde el inicio de la gestión del nuevo fiscal general, Emiliano Rolón, el cual está obligado a investigar de oficio e “in situ” las acusaciones contenidas en los informes de Estados Unidos, que por otro lado ya se encuentran en poder de los fiscales paraguayos.
Tal vez para lanzar el mensaje de que Rolón no cederá un ápice de su independencia ante HC, la fiscalía imputó por lesión de confianza a su anterior jefa Sandra Quiñónez, protegida de Cartes en su gestión entre 2018 y 2023. Pero, en una sugestiva simultaneidad, el titular del Ministerio Público también mandó un guiño al Patrón con la nota enviada por tres fiscales a los “gerentes generales” de los diarios ABC y Última Hora, donde piden se les proporcione en un plazo de 48 horas los nombres de los periodistas que redactaron artículos sobre los negocios de Horacio, ya dentro de la carpeta abierta por la denuncia del titular de la ANR en relación a la “persecución” política que sufriría localmente, y que diera supuestamente origen a las sanciones de Estados Unidos.
Cometer una torpeza de esta naturaleza, al ignorar claras garantías constitucionales para la prensa, da que pensar sobre los reales propósitos que tiene Emiliano Rolón, quien buscaría así de alguna manera ser condescendiente con la postura del Patrón de conocer las fuentes de los periodistas, o de que el pedido a los diarios sirva de advertencia a los funcionarios que “filtran” datos que se publican luego como artículos supuestamente nocivos para Cartes.
La fiscalía es la más afectada
A primera vista, la “cumbre” fue montada para favorecer más a la Contraloría en su labor constitucional, pero llama la atención que se haya dispuesto dar curso al “puenteo” por el Tribunal de Cuentas, lo que llevaría a impulsar otras presentaciones de inconstitucionalidad con el fin de obtener el mismo resultado: dejar de lado a los molestosos auditores de la CGR.
Si la intención es ya de entrada “puentear” a la CGR, con más razón se verá afectada la Fiscalía, porque no recibirá los informes de corrupción en los estamentos estatales que debe remitirle la Contraloría de forma obligatoria, como lo establece la misma Constitución, para que los fiscales abran las carpetas con las cuales iniciar los procesos judiciales de condena o absolución.
Mientras es conocido el poco presupuesto, la reducida infraestructura en auditoría y por lo tanto la nula capacidad funcional del Tribunal de Cuentas para llegar a conclusiones firmes en un plan anticorrupción, está cantada la impunidad de los corruptos que en masa van a acudir a este mecanismo cuya naturaleza jurídica viable fue establecida por una decisión de la mismísima Corte Suprema.
Son las contradicciones del sistema de gobierno bicéfalo cartista, compartido entre Santi Peña y HC, que podrían llevar a la conclusión lógica de la imposibilidad de luchar contra la corrupción, si es que el nuevo sistema finalmente llega a complicar al mismo Patrón.
Es por ello que se está ante la duda de si la “integración” de la Contraloría al nuevo esquema anticorrupción creado en la “cumbre”, no sería sólo una intencional maniobra de distracción para dejar sin “insumos” a la Fiscalía, con la directa intervención del Tribunal de Cuentas para blanquear las cuentas estatales.
En contrapartida, se podría afirmar también que por más que se pretenda subalternizar el sistema constitucional en función a los intereses del cartismo y de su jefe, no cabe duda que todo está supeditado a que al mismo tiempo que investiga a HC y a todos los demás políticos, el fiscal general también debe cumplir con su rol de “representante de la sociedad” en la lucha contra el flagelo de la criminalidad organizada y los tráficos que están detrás del lavado de dinero, que son los mayores enemigos actuales para la armónica convivencia de los paraguayos.
El fiscal general, a fin de cuentas, como el auténtico “representante de la sociedad”, debe cumplir con este papel clave en aras de los más altos intereses de la Nación, que están por encima de cualquier mezquino interés de grupo o de una persona.
En una palabra, corresponde precisar desde ya que más allá de la preocupación del nuevo gobierno por neutralizar a los corruptos dentro de sus programas de acción, lo indicado es que la actual débil oposición política tenga que fortalecerse acudiendo al apoyo de la sociedad civil, con el fin de volver a tener a la Constitución y la ley como los verdaderos pilares anticorrupción, dejando de lado las mezquindades de políticos o de grupos de interés.
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