Escribe: Luis Alen.
Para Horacio Cartes es de mero trámite que Santi Peña haya desgastado su imagen con un alto costo político en sus primeros 100 días de gobierno, tras las reculadas en varias decisiones y los problemas con algunos referentes del cartismo en el Parlamento. Pero el presidente debe rendir cuentas a un país que espera mucho de él, especialmente en materia de progreso económico y social, por lo que desde ahora se plantea si no sería más “rentable” para Santi una creciente autonomía en las decisiones y apuntar a una gobernanza en la que esté primero el futuro del país, como sería lograr el “grado de inversión” en vez de continuar con la única meta de ir aumentando el endeudamiento externo, que ahora se incrementó en US$ 1.000 millones a través de una ley de “superpoderes” para Peña.
Los primeros 100 días de gobierno de Santi Peña sirvieron para confirmar que el sistema de poder bicéfalo y compartido con Horacio Cartes, le ha obligado al presidente a asumir un alto costo político con las clamorosas “reculadas” en varias medidas gubernamentales, algunas de ellas muy impopulares, como el caso del intento de aumento de G. 5 millones en la dieta de los parlamentarios.
Como respuesta al desgaste político tan prematuro, Santi busca reforzar su poder para endeudar más al país y concretar al mismo tiempo una mayor capacidad de control sobre los ministerios desde el gabinete civil de Lea Giménez, una técnica convertida en verdadera “superministra”.
No le ha ido del todo bien a Santi en sus primeros 100 días de gobierno, por ciertas directivas que evidentemente han provenido del Quincho de la calle España con el objetivo de mostrar quién tiene el poder político en la República.
Como contrapartida, se ha notado que por lo menos Peña quiere dejar su impronta en una gestión que esté más acorde con la capacidad técnica de su equipo económico, liderado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y apoyado en la virtual jefa de gabinete, Lea Giménez, quien vio aumentadas sus atribuciones de control sobre los ministros a través de un decreto del Poder Ejecutivo.
Como el desgaste político de las reculadas al final sólo lo asume el presidente de cara a la opinión pública, el cartismo se siente hasta cómodo con el sistema bicéfalo de gobierno, retribuyendo al presidente a través de su mayoría parlamentaria con los poderes aumentados que solicitó para emitir bonos soberanos por US$ 600 millones y administrarlos con total discrecionalidad, salvo en el caso del embargo en Diputados al destino del Fonacide y de los royaltíes de Itaipú, que los legisladores dejaron intocables y bajo su control, a pedido de los gobernadores e intendentes.
Bajo el ropaje de la urgencia de pagar la deuda dejada por el gobierno anterior de Marito Abdo, el manejo de los fondos públicos quedará así a cargo sólo del Ejecutivo y no del Congreso, en abierto choque con expresas disposiciones constitucionales que establecen que todo endeudamiento deberá tener claramente su finalidad definida por ley del Presupuesto o por otra normativa sancionada en ambas cámaras del Parlamento, para que sólo después sea gestionada por el Poder administrador como es usual en cualquier sistema republicano de gobierno.
En el caso de las atribuciones adicionales otorgadas a la jefa del gabinete civil de la Presidencia, Lea Giménez, la medida se enmarca en una orientación que era de esperar tratándose de un gobierno compuesto por técnicos de primer nivel, más aún cuando las decisiones políticas como los despidos en Itaipú y en otras reparticiones o empresas públicas, y las reculadas en otras discutidas disposiciones, dejaron una imagen lamentable de improvisación y falta de planificación, lo que no se puede admitir a la hora de hacer que el gobierno sea más eficiente con el fin de atraer las inversiones privadas y aumentar el empleo, la generación de riqueza y luchar así contra la pobreza.
Las reformas a las que apunta el Gobierno de Peña, como el tema de la superintendencia de pensiones, la mayor rentabilidad de los fondos del IPS y la reformulación de la Caja Fiscal de Jubilaciones, son esenciales a la hora de sanear el circuito financiero y permitir la llegada de las inversiones externas, con el objetivo de alcanzar el tan ansiado “grado de inversión” de las calificadoras internacionales.
“Superpoderes” vs. autonomía
Entre los analistas se llegó a especular con que Santi Peña estaba buscando una mayor autonomía de HC al conseguir que el cartismo le otorgue “superpoderes” económicos y de control sobre el uso de recursos dentro del gabinete de ministros.
Pero no es tanto así, desde el momento que el poder de Horacio y las directivas provenientes del Quincho son imposibles de ignorar por parte de Santi Peña. Lo que sí se ha notado es que la mayor autonomía resulta necesaria para que en el largo plazo, el costo político a pagar no sea sólo del presidente o de sus técnicos, tratándose de los resultados en la gestión a favor de la población.
En el caso de los 187 despedidos en Itaipú, la reincorporación de casi todos ellos, ha representado un triunfo de la sensatez del mismo Santi Peña, que ha optado por el análisis “caso por caso”, en vez de mantenerse rígido en la primera interpretación dada por el director paraguayo de Itaipú, Justo Zacarías Irún, quien había sido tajante con los despedidos al incluirles a todos en una misma bolsa, pese a que habían pasado por un concurso que ahora se quiere desacreditar tildándolo de “arreglado”.
Las difíciles relaciones entre el titular del Ejecutivo y referentes del cartismo en el Congreso tuvieron su máxima exposición con lo dicho por Santi respecto a la clara alusión a la exigencia de los legisladores, referente a la aprobación a “libro cerrado” del presupuesto nacional 2024, pero a cambio de un aumento de G. 5 millones mensuales para los diputados y senadores, y hasta para el mismo presidente de la República.
Aparte de sonar como una broma de mal gusto e incluso una tomadura de pelo a la población del país, el autoaumento salarial implica casi una bofetada en el rostro de quienes apenas llegan a fin de mes en sus presupuestos familiares y personales.
Este episodio, y de otras reculadas del cartismo, revelan que las urgencias de corto plazo de algunos de sus exponentes de mayor peso que frecuentan el Quincho del poder no coinciden precisamente con las exigencias de largo plazo para Santi y su equipo de técnicos, que deben enfocarse en sacar el país de su actual aprieto en el aspecto financiero, pero que por el momento sólo plantea la única salida de endeudar más al país por US$ 1.000 millones (los US$ 600 millones de los bonos y US$ 400 millones recibidos del Fondo Monetario Internacional), para después avanzar hacia el “grado de inversión”.
La relación con EE.UU.
Tras la visita de Santi Peña a Estados Unidos se tenía la sensación que la potencia del Norte daría mayor margen de maniobra para que el Gobierno paraguayo actual tuviera más aceptación en los círculos de poder de Washington, comenzando por el logro del pedido de legisladores republicanos más afines hacia el cartismo, de ir pensando en incluir al Paraguay entre los aliados más cercanos a Washington.
Pero no fue así. Por el contrario, tanto Peña como el presidente Joe Biden tomaron caminos disímiles, ya que, por un lado, Santi apenas llegó de la capital norteamericana fue directo al Quincho, donde informó a HC de todo lo actuado y especialmente de sus contactos con los congresistas, así como también de la posibilidad de una rehabilitación del Patrón en las esferas del poder de la mayor potencia planetaria, lo que es muy complicado de lograr a la vista de las gruesas acusaciones en contra de HC respecto a sus lazos con el terrorismo musulmán a través de las organizaciones criminales transnacionales, según las denuncias realizadas por la misma embajada norteamericana en Asunción para declarar “significativamente corrupto” a Horacio, y más aún con las nuevas acusaciones de que se lo vincula al asesinato del fiscal Marcelo Pecci.
Por otro lado, el presidente Biden no convocó a Peña a formar parte de la cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), que tuvo lugar unos días después de la presencia de Santi en Washington, y que fuera ya promovida desde el año pasado tras la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, de junio de 2022, de la cual había participado Marito Abdo.
Esta nueva cumbre tuvo lugar el 2 de noviembre en Washington y a la misma asistieron dirigentes latinoamericanos procedentes de países como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, que tienen gobiernos caracterizados por mantener una línea más liberal a favor del mercado y el comercio global sin trabas, con el objetivo puesto en impulsar el crecimiento con más inversiones, bonos verdes y cadenas de suministro fuertes con el fin de frenar la migración hacia Estados Unidos y, de paso, contrarrestar la influencia de China Popular en la región.
Fue notoria la ausencia de gobiernos como los de Guatemala y Paraguay, donde coincidentemente Estados Unidos mantiene objeciones hacia las fiscalías de ambos países subyugadas por el poder de turno.
En el mismo foro, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que “las nuevas inversiones no llegarán automáticamente”, porque habrá condicionamientos referidos a las exigencias norteamericanas para sus aliados, no sólo en materia de aumento de la inversión privada para mejora de la productividad y la diversificación de las cadenas de suministro como motores claves del crecimiento, sino por la condición ineludible de estar bien posicionados para adoptar las medidas necesarias para beneficiarse del “friendshoring”, es decir, que un país aliado pueda impulsar su economía aprovechando su relación con Estados Unidos para formar parte de su cadena de aprovisionamiento como un mercado privilegiado.
En el caso paraguayo, está claro que el país va cumpliendo con algunos requisitos para llegar no sólo al “grado de inversión”, como el tema de la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el crimen organizado, pero para alcanzar el “friendshoring” con Estados Unidos se incrementan las exigencias a partir de lo afirmado por la secretaria del Tesoro la semana pasada.
Es cierto que Paraguay cumple con el requisito de ser un aliado de Estados Unidos en lo relacionado con la ruptura con China comunista, que lo mantiene relacionándose sólo con Taiwán, pero no se estaría poniendo satisfecho a Estados Unidos en el tema más problemático que hace al ejercicio del poder democrático en el país, con un gobierno del hombre fuerte HC, actualmente en la mira de los norteamericanos porque favorecería la impunidad y la corrupción del Poder Judicial, que no es poca cosa a la vista de la exigencia de Estados Unidos para la venida de los inversionistas, en un clima de negocios despojado de toda sospecha de que la administración judicial esté a expensas de un poder fáctico omnímodo como el de Horacio Cartes.
No obstante, como un premio consuelo Estados Unidos hizo el anuncio muy esperado, el jueves 9 de noviembre, de la apertura de su mercado a la carne paraguaya, lo que condujo a Santi Peña a realizar un breve mensaje al pueblo paraguayo desde Mburuvicha Roga.
Santi mantuvo al mismo tiempo una reunión con el viceministro de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández, quien estuvo de visita en la capital paraguaya para realizar el anuncio de la apertura a la carne y llevar a cabo reuniones con productores y empresarios sobre planes de desarrollo sustentable.
Coincidentemente, en la misma jornada en que se anunciaba la apertura a la carne paraguaya en el mercado norteamericano, el comando de Honor Colorado mantuvo su primera cita con el presidente Peña en la misma residencia presidencial.
Una señal de que Santi comienza a ser realmente el presidente, y no un mero “secretario” de HC.
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