Poner punto final a la impunidad del Clan Zacarías, un reclamo generalizado de la ciudadanía esteña, tiene sobradas connotaciones políticas de mucho peso como para pensar que el Ejecutivo tomará medidas inmediatas en el sentido de propiciar una rápida salida al asunto. Pero para Cartes está en juego su poder a largo plazo, que deberá estar siempre cimentado en el apoyo ciudadano.
Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Por ejemplo, una posible intervención a la comuna de CDE, que sería como bajarle el pulgar a un gladiador político de cuidado como lo es ZI, dependería de varias movilizaciones y presiones fuertes sobre las bancadas de la Cámara de Diputados, no sólo coloradas sino de todos los partidos.
Así, el problema no sólo pasa por una decisión del presidente Horacio Cartes para neutralizar a un potencial enemigo político que por ahora no pinta muy amenazante, sino por una evaluación de las consecuencias de una medida así en la gobernabilidad y en el poder mismo.
El Gobierno de HC en estos momentos necesita imperiosamente demostrar con medidas efectistas que tiene el control de la situación y que las resoluciones se toman en la dirección que conviene a la ciudadanía. Atender reclamos ciudadanos como el de la capital del Alto Paraná supondrá a la larga beneficios para la gobernabilidad cartista porque la gente se mostrará satisfecha con un jefe de Estado que acompaña el sentir ciudadano general.
Blindaje judicial a romper
La cuestión de la bajada de pulgar a Zacarías Irún no se presenta tan simple, pues el clan familiar esteño por las dudas ya se hizo de un blindaje judicial, a través de dudosas resoluciones de jueces complacientes que impiden la entrada a la municipalidad a cargo de su esposa Sandra McLeod, con la supuesta argumentación de que la tarea de control más bien le compete al Tribunal de Cuentas, que para un trabajo de esta magnitud no tiene los medios técnicos necesarios.
Sin embargo, hay dudas sobre la efectiva vigencia del blindaje después que la Corte Suprema haya aclarado que la función constitucional de la Contraloría sigue intacta, por lo que también es atribución de la misma auditar cualquier ente del Estado o municipio. Es como enviarle un mensaje a la clase política, de que, al fin de cuentas, todo depende de los acuerdos políticos en el Legislativo para remover o no a un intendente municipal.
Es aquí donde entra a tallar el pulgar levantado o bajado de HC, a favor o en contra de su ex rival en las internas coloradas, y que de nuevo se perfila como potencial adversario -hasta hoy neutralizado en apariencia- en las internas que se avecinan como líder del Frente para la Victoria.
Por la forma en que ha venido logrando una holgada gobernabilidad en la relación con el Legislativo, con la ANR y los demás partidos, Cartes tal vez no quiera de buenas a primera chocar con ZI promoviendo abiertamente una hipotética intervención a la comuna de CDE. Lo que sí se perfila es que dé guiños favorables para las movilizaciones ciudadanas, como una forma de ir entrando en una pulseada por el apoyo popular, que también demostró que en cierta forma tiene Zacarías, pese a las denuncias de arreos a su concentración de la semana pasada.
A la espera de más movilizaciones populares en reclamo del fin de la impunidad de los Zacarías que ya lleva 13 años en Ciudad del Este, lo recomendable es que HC con sus aliados políticos opositores promuevan en la Cámara de Diputados un nuevo pedido al contralor general de la República, para auditar la comuna esteña, similar al promovido en la época de Víctor Bogado como titular de la Cámara Baja, que finalmente no tuvo ningún efecto pese a la candente interna colorada de 2012.
El rédito político fundamental para HC será finalmente su triunfo al conseguir romper el blindaje de ZI. Logrará también así consolidar su poder, ya que caerá el blindaje que cubre igualmente a los demás intendentes y líderes políticos locales que se han valido del precedente del político altoparanense para evitar las molestosas intromisiones de las auditorías de la CGR.
HC debe evaluar también que las auditorías a las comunas, tanto de CDE como del resto del país, le permitirán poner en vereda a un numeroso grupo de jefes comunales que se han enriquecido a costa de fondos como los del Fonacide, en detrimento del bienestar ciudadano. Finalmente, una lucha contra la impunidad le será también muy positiva para llevar adelante sus programas de gobierno, hoy maniatados por el mal uso de los recursos por parte de varias autoridades de gobiernos locales.
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