Escribe: Luis Alen.
Sin encontrar “elementos relevantes” para imputar por lavado de dinero y otras denuncias realizadas contra Horacio Cartes, termina su mandato de cinco años la fiscal general Sandra Quiñónez, debiendo su reemplazante Emiliano Rolón “limpiar” el Ministerio Público para desterrar la mala imagen dejada por su antecesora, quien no estuvo evidentemente a la altura de una institución que necesita en forma urgente ser convertida en el brazo eficiente en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Una ardua tarea le espera a Emiliano Rolón cuando asuma desde el jueves 9 de marzo la titularidad de la Fiscalía General del Estado, ubicándose entre sus mayores desafíos el dilema de poner fin a la impunidad de roscas mafiosas que cuentan con el manto protector de la narcopolítica criolla y con la complicidad de algunos fiscales que deberían ser los baluartes de la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la administración pública.
El Ministerio Público es “el representante de la sociedad” según la Constitución (art. 266) pero actualmente más bien se podría afirmar que es el principal “deudor de la sociedad paraguaya”, por el hecho de que durante la gestión de la fiscal general saliente, Sandra Quiñónez, se consolidó un esquema con mezcla de desidia y complicidad para inhibir la actuación investigadora en casos delictivos ligados a hechos de corrupción, en coincidencia con su excesiva y sospechosa dependencia del poder fáctico de Horacio Cartes, el actual presidente de la junta de gobierno de la ANR, con la evidente intención de favorecer los objetivos políticos y empresariales del cartismo en detrimento del interés nacional.
El reclamo general de la ciudadanía en estos momentos preelectorales es la seguridad tanto física como jurídica, con el propósito de cimentar un proceso de desarrollo económico y social, pero para ello la Fiscalía tendrá que ponerse firme ante los embates del crimen organizado, las mafias del narcotráfico y la impunidad de los delincuentes y sicarios, que se pasean a sus anchas por las calles de las ciudades y pueblos de la República.
Una firmeza que en forma notable sólo tuvo Sandra mostrando severidad según la cara del cliente, pero no contra políticos o personas ligadas al poder fáctico cartista. Se llegó a catalogar a la fiscal Quiñónez como un elemento usado por HC para que el Ministerio Público se erija en una suerte de “garrote” perseguidor de sus enemigos políticos como el caso de Efraín Alegre, el actual candidato presidencial de la Concertación opositora, o para directamente llevar al “freezer” cualquier denuncia que merezca ser investigada sobre los negocios del Patrón vinculados al lavado de dinero o al contrabando de cigarrillos, como el caso de la denuncia realizada hace más de un año por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio.
Ya es célebre una expresión del fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, cuando expresó que no procesaría a HC ante las acusaciones de lavado de dinero, si es que no poseía argumentos “consistentes” para realizar una imputación, por tratarse de una persona “relevante”.
Por eso, ya es de antología la explicación de Legal con respecto a las denuncias procedentes del Senado sobre su actuación en los casos ligados a Cartes, cuando señalaba que no imputaría a “un ciudadano de alto perfil sin elementos suficientes”, más aún si el pedido se basaba nada menos que en un informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, que es como decir que un grupo parlamentario investigador de rango constitucional es igual o menor a una comisión vecinal en su capacidad para mover a la Fiscalía.
Hay que ver nomás en contrapartida la contundencia de las acusaciones de Estados Unidos contra Cartes, para fundamentar sus sanciones de retiro de visa y la prohibición última de operar con su sistema financiero, mientras aquí no fue posible obtener de Sandra Quiñónez ni siquiera la apertura de una minúscula investigación ante las graves acusaciones de la CBI o incluso de la mayor potencia mundial.
Desmontar el mecanismo
El operativo “barrido” de Emiliano Rolón Fernández será ciclópeo, en vista de los centenares de expedientes sobre denuncias de corrupción cajoneados en la era Quiñónez, pero principalmente le cabe antes que nada ser honesto con la sociedad y realizar una auditoría completa para desactivar en simultáneo el monumental “freezer” en que se convirtió la Fiscalía.
Pero el operador fundamental de la colosal máquina de impunidad fiscal y judicial no es otro que la misma clase política, que al amparo del poder fáctico cartista aprovechó la oportunidad para enriquecerse a todo vapor, a sabiendas de que no sería investigada ni sancionada por la Fiscalía al servicio a su vez del “mecanismo” de protección a los oscuros negocios de HC, relacionados con el lavado, el contrabando, el soborno a los legisladores y otros delitos denunciados por la embajada de los Estados Unidos con lujo de detalles, incluyendo montos en dólares.
Lo que se viene ahora en el plan de Rolón de limpieza no se conoce aún con certeza y claridad, porque hay que ver el límite que le impondrá el poder político al operativo de barrida, porque se debe tener en cuenta también hasta qué punto tendrá autonomía suficiente el nuevo fiscal general que fue puesto allí por el saliente titular del Ejecutivo nacional, el presidente Marito Abdo.
Lo que sí hay que esperar es que Rolón ordene que la Contraloría General de la República ingrese a la Fiscalía, lo que no fue permitido por Sandra Quiñónez, quien contrariando lo dispuesto en la misma Constitución se negó a poner a disposición de los auditores de la CGR toda la documentación que éstos requieran para realizar una fiscalización de la administración de la titular saliente del Ministerio Público.
Por el contrario, Quiñónez remitió la documentación acerca de su gestión al Tribunal de Cuentas, en un calco de lo que hizo en su momento Javier Zacarías Irún cuando estaba al frente de la municipalidad de Ciudad del Este, con el fin de cerrar las puertas a los auditores de la Contraloría y conseguir un dudoso blanqueo judicial a su cuestionada administración de 18 años, incluyendo la de su esposa Sandra McLeod, que luego tuvo que ser expulsada de su cargo con la intervención ordenada por la Cámara de Diputados.
El propio contralor Camilo Benítez informó a la vez que más de cien denuncias sobre malversación de fondos públicos en distintas entidades del Estado no fueron investigadas por la Fiscalía entre 2019 y 2022, lo que lleva a concluir que la protección política a Sandra Quiñónez, salvada en cuatro ocasiones del juicio político, tenía un evidente propósito de defensa mutua, con el objetivo notorio de la impunidad tanto para ella como para los políticos que la apañaron, con la lógica bendición del Patrón.
¿Un poder en decadencia?
La salida de Sandra Quiñónez de la Fiscalía General supondrá en apariencia una fuerte resta en la maquinaria de poder fáctico de Horacio Cartes, quien se aferra a la junta de gobierno de la ANR porque sabe que sólo atornillado al sillón de Bernardino Caballero podría ejercer aún cierta influencia en el Poder Judicial, a las puertas de un pedido de extradición de Estados Unidos, que, como se sabe, deberá ser autorizado en última instancia por la Corte Suprema.
Resulta posible suponer que una victoria de Santi Peña el 30 de abril puede darle un poco más de oxígeno a HC, pero no le evitará seguir “en capilla” con respecto a Washington, que lo quiere ver evidentemente apartado de su condición actual de árbitro de la política nacional, más aún por sus ligazones con turbios negocios fronterizos y con los terroristas de Hezbollah, siempre según la denuncia del embajador Marc Ostfield.
Para Santi puede ser una suerte de alivio la caída en desgracia de su promotor, con vistas a una presidencia menos dependiente de las órdenes de la calle 25 de mayo, pero para HC la guerra aún no está perdida, ya que podría aún negociar con Estados Unidos un statu quo que implique seguir desde ahora en forma religiosa las pautas norteamericanas en materia de lavado o de combate al terrorismo islamista.
Pero es un mero terreno de especulaciones y de propaganda política como la auspiciada por el mismo Horacio en las redes sociales, sobre su compromiso con una “derecha” pro vida y familia, o con una patria sin convulsión social, como la que en cambio traería un hipotético triunfo opositor el mes próximo.
Está visto que el Gobierno norteamericano de Joe Biden no se traga para nada la propaganda cartista sobre su apego al conservadurismo para dejar las cosas como están en el Paraguay. Se nota que la élite política de Washington más bien tiene el convencimiento de que la situación política paraguaya actual no es la mejor ni la más conveniente para luchar contra la corrupción, porque el crimen organizado y el terrorismo son los que se benefician de este estado de cosas.
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