Escribe: Luis Alen
A poco más de un mes de las elecciones generales, la conformación de la terna para ministro de la Corte Suprema adquiere particular relevancia, en vista de la necesidad que tiene la ANR de mantener su influencia decisiva sobre el máximo tribunal de la República. Pero principalmente para que, llegado el caso, Horacio Cartes pueda estar blindado ante un eventual pedido de extradición de Estados Unidos y conseguir así la impunidad que necesita a toda costa.
El senador Pedro Santacruz (Frente Guasu) denunció un nuevo operativo “Cicatriz” en el Consejo de la Magistratura, con el objetivo, esta vez, de conseguir la mayoría que fuerce la elección de una terna para ministro de la Corte que continúe apostando por la permanencia de un estado de cosas en el Poder Judicial que garantice siempre el manejo político de la magistratura, a despecho de los repetidos e insistentes llamados que se hacen por lograr la independencia de la Justicia de toda intromisión política o de poderes fácticos como el representado por el cartismo.
Todo hace suponer que la ANR va a imponer su “cupo” de ministro para reemplazar a Antonio Fretes en la próxima votación que se avecina en el Senado, pero la gran pregunta es hasta qué punto también se está propiciando una suerte de salvoconducto a Cartes, quien tendrá que estar supeditado en última instancia a una decisión del más alto tribunal para su “viaje” a Estados Unidos.
Para lograr su impunidad, HC necesita de una mayoría de votos (5 a 4) en la Corte, que tendría eventualmente si la ANR consigue imponer el cuoteo que ha venido manteniendo frente a la oposición en el tribunal superior de la nación.
Sin embargo, una victoria de la Concertación el 30 de abril puede variar completamente el escenario político nacional, por lo que ahora mismo el Partido Colorado necesita marcar la diferencia con la terna del Consejo de la Magistratura y la posterior votación senatorial, donde de cualquier modo el sector oficialista y el cartismo tendrán que negociar con algunos senadores opositores para obtener la mayoría de votos del ungido como candidato a la Corte, que luego debe ser aceptado o no por el presidente Marito Abdo.
¿Habrá “abrazo” finalmente?
A pesar que en la actual campaña electoral ya se está dejando de lado un “abrazo” conciliador cartista-oficialista, otro episodio cicatrizante se retomaría para la elección del nuevo ministro de la Corte Suprema. Aunque en el contexto electoral ya no tendría mucha relevancia el simulacro de un operativo Cicatriz para mantener la mayoría colorada en la Corte, lo que se busca es un reaseguro para lo que se viene después de las elecciones, gane o no Santi Peña.
El dato relevante es que, a estas alturas del proceso preelectoral, ya no posee mucha relevancia un repunte o recaída de Santi Peña y del cartismo en las preferencias de los electores, teniendo presente que el principal problema para HC en estos momentos es esquivar lo que se viene de Estados Unidos, como es la extradición.
Marito Abdo ya aseguró que no habrá nuevo “abrazo republicano”, al no estar en sus planes apuntalar la alicaída campaña de Santi Peña, por lo que la nueva operación cicatrizante para la Corte sería sólo el último acto de la permanencia, por lo menos simbólica, de la histórica hegemonía por décadas del coloradismo en el Poder Judicial.
Otro asunto más peliagudo es que también surge el interrogante de cómo zafará HC de los procesos internos donde sea parte en materia de corrupción, lavado de dinero o demás investigaciones que pueda impulsar la nueva fiscalía general a cargo de Emiliano Rolón Fernández.
La demora del Consejo de la Magistratura en conformar la terna expone la intención de integrar una nómina que sea aceptable tanto para las dos corrientes coloradas como por un sector de la oposición. Hasta el momento, los ternados Gustavo Santander y Gustavo Ocampos, hasta el lunes 20 de marzo, reunirían los requisitos mínimos aceptables, pero el tercer nombre, el más decisivo, es el que más debería ser negociado a nivel político, por la necesidad de preservar la independencia judicial en el período constitucional próximo.
Un adelanto de lo que se viene es la confirmación de que una causa por prevaricato ya se le abrió al recientemente jubilado exministro de la Corte, Antonio Fretes, y lo hizo la mismísima Sandra Quiñónez un día antes de dejar sus funciones, el pasado 8 de marzo.
La mayoría colorada en la Corte tendrá que pasar también la prueba de otorgar o no impunidad a Horacio Cartes, como el caso por ejemplo de una eventual investigación sobre el tema tabacalero y sus conexiones transfronterizas especialmente con el Brasil, como lo planteó ya hace más de un año el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, con una denuncia que no tuvo ningún eco en la finalizada administración fiscal de Sandra Quiñónez.
Tabaco e Itaipú, dos cuestiones claves
No implicó ninguna sorpresa el motivo principal de la visita del embajador norteamericano, Marc Ostfield, la semana pasada a Ciudad del Este, lanzando sin disimulo la pregunta sobre el contrabando de cigarrillos y su relación con el crimen organizado fronterizo.
El 27 de marzo es la fecha límite para que HC transfiera sus activos en acciones mayoritarias que tenía en decenas de empresas del Grupo Cartes, en un plazo que le otorgó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para someterse a las sanciones financieras, dada la prohibición de negociar en el sistema financiero del país del Norte, personalmente o a través de interpósita persona.
Precisamente, el mismo día 27 se reunirán en Washington el secretario de Estado Antony Blinken y el canciller nacional Julio César Arriola, siendo parte de los temas a tratar el estado de las relaciones de cara al nuevo proceso político que vendrá después de las elecciones, así como el tema clave de la situación de Cartes.
La pregunta del embajador en CDE sobre el negocio tabacalero, toca muy de cerca al futuro del principal rubro generador de riqueza para HC, principalmente después de las sanciones de EE.UU.
En pleno proceso electoral, ahora Marito ensaya el discurso más anti HC en materia de contrabando de tabaco, olvidando que la Operación Cicatriz en su anterior versión favoreció para dar continuidad al multimillonario negocio tabacalero de Cartes.
Con ello se demostró de paso que la operación Cicatriz resultó siempre sólo de impunidad judicial para ambos protagonistas del “abrazo republicano”, pero no sirve para promover una gobernanza que favorezca al país como sería el caso de una recaudación fiscal mucho mayor a costa del negocio del tabaco, cuya producción se orienta en su gran mayoría hacia el exterior con pocos beneficios monetarios o de asistencia social para los ciudadanos paraguayos.
Así como Estados Unidos se ha convertido con las sanciones contra Horacio Cartes y Hugo Velazquez en una especie de gran interventor en la política paraguaya, el Brasil de Lula da Silva igualmente no quiere perder su sitial como otro gran elector en el Paraguay.
En el encuentro también realizado en Foz de Yguazú la semana anterior, Lula dejó entrever que el tema de la tarifa de Itaipú ya podría ser decidido con Marito, antes de que deje el poder. Pero el asunto del Anexo C, es decir el más importante en la agenda por tratarse del destino para el excedente energético nacional, quedará ya para negociar con el próximo gobierno que surja de las elecciones.
Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, Marito se cuidó de no poner nerviosos a los brasileños en el tema de la pretendida rebaja de la tarifa de Itaipú que pondría en peligro las ansias de los políticos de seguir teniendo la seguridad de contar con el “dólarducto” que otorga el manejo discrecional de los “gastos sociales” de las binacionales Itaipú y Yacyretá, lo que daba a entender igualmente que en forma solapada se seguiría el libreto brasileño post-2023, es decir la aplicación de una tarifa baja a la electricidad y con los excedentes de la usina hidroeléctrica todavía bajo el control de los vecinos.
Los “gastos sociales” siempre fueron como una chequera en blanco para los políticos, como pago a su sujeción a las pretensiones tanto de Brasil como de Argentina, para fijar un precio ridículamente ínfimo por la energía de propiedad del Paraguay, en directo beneficio de las industrias ubicadas alrededor de Sao Paulo y Buenos Aires.
Estos fondos de “regalo” no debieron ser aceptados bajo ningún sentido, porque ocurrió a cambio de renunciar al precio justo por la exportación de la mayor riqueza nacional originada en el agua abundante del Paraná. Por el bien de todos los paraguayos, tendrían que ser suprimidos y adoptar de una vez por todas la decisión de la venta del excedente eléctrico tratándose de un bien a facturar como cualquier otro de exportación, a un valor de mercado libre mayorista.
Es sólo cuestión de realizar un ejercicio aritmético, entre la compensación irrisoria que percibe el país por la “cesión” de la electricidad a Brasil y Argentina, con precio por megavatio/hora que rondan los 10 dólares según la actual redacción de los convenios, con los 100 o más dólares que tiene actualmente el megavatio/hora en el mercado libre regional mayorista eléctrico del Cono Sur.
Con estos recursos adicionales, tanto del tabaco como de las binacionales, se podría financiar un plan de desarrollo nacional, dejando de lado las migajas que se perciben por los “gastos sociales” y que más bien benefician a los políticos de turno. Además, son caldos de corrupción y compran votos en las elecciones.
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