Ernesto Javier Zacarías Irún, durante el festejo de su cumpleaños, intentó confundir al pueblo esteño al denunciar que viene sufriendo una “persecución” por un grupo de sus correligionarios.
Zacarías Irún trata de pasarse de astuto, buscando de esa manera desviar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre la galopante corrupción existente en la comuna de Ciudad del Este, segundo municipio más importante del país, en término económico y demográfico, pero que en la realidad no se observa en la práctica.
Las sobradas irregularidades ventiladas en la administración del clan Zacarías, el ex intendente esteño quiere transformar en una persecución política, orquestada, supuestamente, por los senadores Juan Carlos Galaverna y Lilian Samaniego (ésta última titular de la ANR).
Sin embargo, la realidad lacerante es totalmente otra cosa. Es de conocimiento público, que el clan, bajo la batuta de Javier Zacarías mantiene bajo su control la municipalidad paranaense desde el 2001. A 13 años de gestión ningún organismo de fiscalización pudo hasta hoy ingresar a la institución para una auditoría de gestión contable.
El jefe del clan, Javier, siempre se mantuvo bajo la sombra de la impunidad, amparado en algunos fiscales y jueces venales, quienes le deben favores, y que le terminan pagando con la protección que le otorgan, para así seguir cometiendo abusos de poder.
De esta manera funciona la justicia en esta comarca fronteriza, donde la única ley que se impone es la del clan, como el mismo Zacarías Irún, no hace mucho, expresó a un grupo de seguidores: “Para los amigos todo, para los enemigos la ley” (sic).
Ante el constante y abusivo atropello a los elementales derechos, el pueblo esteño salió a la calle a exigir justicia, por un lado, y por otro, transparencia en la gestión pública. Sin embargo, el clamor popular es oído sordo para los organismos de control (llámese Contraloría General de la República, Fiscalía de Delitos Económicos, Tribunal de Cuentas, Congreso Nacional, entre otros); como también para las autoridades del gobierno, que desde un principio enfatizaron la transparencia, pero pareciera que para el clan Zacarías no llegó el mensaje, porque sigue haciendo un carnaval con el dinero público.
Para los senadores, que estuvieron presentes en la audiencia pública recepcionando las denuncias de irregularidades en la gestión del clan Zacarías, no debe constituir sólo un paseo a la capital del Alto Paraná, sino tienen la responsabilidad moral y política en impulsar, a través de los órganos constitucionales, una profunda investigación de la imperante corrupción existente en la comuna esteña.
Es hora de acabar con la impunidad, y esto servirá de ejemplo para otras instituciones públicas que se esconden bajo esta figura perversa, para continuar robando y burlándose de la ciudadanía. Ya no se puede tolerar 13 años de hermetismo absoluto, donde los contribuyentes no tienen la mínima idea de qué se hace con su dinero.
Al menos, a simple vista se observa que quienes manejan los destinos de la municipalidad paranaense gozan de una salud económica superlativa. Los Zacarías, del día a la noche, se tornaron unos acaudalados. Entonces llegó la hora, en momento en que la ciudadanía duda de la transparencia de gestión, a que rinda cuentas de dónde sacó para acumular esa inmensa fortuna. Javier Zacarías debe terminar con la hipocresía y burla a la población, cuando trata de confundir la atención de la opinión pública, de tratar transparencia por persecución. Es hora de dejar de bastardear.
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