Escribe: Luis Alen.
El ajustado triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en la elección presidencial del Brasil, ante el actual jefe de Estado Jair Bolsonaro, puede significar también un factor crucial que refuerce las chances de la Concertación Nacional para llegar al Gobierno en los comicios generales del 30 de abril de 2023. El precandidato de la coalición opositora y titular del PLRA, Efraín Alegre, resaltó que el acuerdo Lula-Lugo de 2009 sobre Itaipú “será el cimiento” para negociar con Brasil el Anexo C del Tratado que vence precisamente el año próximo, con lo cual ya adelantó el principal punto de la agenda de la negociación con el país vecino.
La vuelta al poder de Lula con el PT (Partido de los Trabajadores) unido a otras fuerzas de centroizquierda representadas por el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, quien es un exponente del Partido Socialista, confirma la tendencia de la política sudamericana actual de realizar un viraje hacia propuestas socialdemócratas, descartando posturas neoliberales o populistas de derecha como la representada por el mandatario brasileño derrotado, Jair Bolsonaro.
Lula fue electo por 60 millones de votos en una reñida segunda vuelta, pero Bolsonaro también dejó su impronta popular con 58 millones de adhesiones, lo que a primera vista plantea una polarización del electorado entre la izquierda lulista y la derecha bolsonarista, que seguramente influirá en la toma de decisiones futuras tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso federal del Brasil.
Lula ya anunció que, con su gobierno, Brasil volverá a tener una presencia protagónica en la política sudamericana y mundial, así como en la primacía del desarrollo “con hambre cero” para su país, pasando de la mera exportación de materias primas sin valor agregado a una industrialización, volviendo a implementar los programas sociales de amplio impacto en las capas más humildes de la población de sus anteriores dos períodos presidenciales (2003-2011) y poniendo también como principal cometido la deforestación cero de la selva amazónica junto a la prioridad de la integración con el Mercosur.
Una definición como la realizada por el pueblo brasileño el pasado domingo 30 de octubre tendrá sus efectos indudablemente sobre la política paraguaya, ya que coincidentemente el próximo turno eleccionario en Sudamérica le toca a nuestro país y porque se debe recordar que en la presidencia de Fernando Lugo, durante el gobierno anterior de Lula se pudo conseguir en 2009 un buen acuerdo para ir avanzando en Itaipú hacia una política energética de común beneficio para ambas naciones.
Como adelantando ya sus posibilidades de ganar en las elecciones del año venidero, Efraín Alegre afirmó que “con el presidente Lula trabajaremos desde el 30 de abril en nuestra agenda de relaciones bilaterales y de impulso a la integración latinoamericana”. Y agregó un aspecto fundamental: “El acuerdo Lula-Lugo será el cimiento sólido sobre el que construiremos un futuro de bienestar para nuestros pueblos”.
Interlocutor de Lugo
Una negociación sobre Itaipú como la que se viene, en la que se afirmen los derechos paraguayos a recibir un precio justo de mercado por la energía que lleva el Brasil, consagrando además la libre disponibilidad de la parte que le corresponde a nuestro país de su excedente energético, se deberá realizar precisamente entre los nuevos gobiernos que asumen en 2023 tanto en Brasil como en Paraguay.
Un antecedente valioso es el acuerdo Lula-Lugo de 2009 ya citado por Efraín, que viene a ser ahora como el recordatorio de lo que se puede alcanzar negociando con el nuevo presidente de Brasil, quien es ni más ni menos el mismo firmante del pacto anterior: Lula da Silva.
Alegre fue en esa época ministro de Obras Públicas de Lugo, pero más aún ahora lo invoca con vehemencia al expresidente convaleciente en Argentina de un ACV, dando a entender que cuenta con el explícito respaldo del líder del Frente Guasu.
Hay que recordar que parte de la dirigencia izquierdista mostraba hasta hace poco cierto recelo e incluso se apartaron de la Concertación formando carpa aparte como en el caso de los senadores Sixto Pereira y Jorge Querey, éste último ya formando una dupla como vicepresidente de Euclides Acevedo, quien es criticado justamente por muchos como un factor de división en la oposición haciendo el juego al cartismo eventualmente, si es que Horacio Cartes con su delfín Santi Peña vence al oficialista Arnoldo Wiens para la chapa presidencial, y a Marito Abdo en la junta de la ANR, el próximo 18 de diciembre.
En una hábil jugada, Efraín tomó la bandera del acuerdo Lula-Lugo de 2009, lo que lo sitúa en una posición privilegiada de posible nuevo interlocutor designado por Lugo para proseguir la negociación con Lula y sacar un acuerdo beneficioso sobre Itaipú el próximo año. Pero antes deberá ganar la interna de la Concertación en diciembre, para ver a qué candidato colorado enfrentar: Peña o Wiens.
La unidad opositora alrededor de la Concertación resulta la única opción válida para ganar a la ANR, según la conclusión de todos los analistas políticos, por lo que cualquier intento de lanzar una tercera fuerza lo que hará es dividir a la oposición y favorecer así la chance colorada, que siempre en elecciones anteriores se benefició con el voto opositor dividido, incentivado además por la ausencia del “balotaje” o segunda vuelta en el sistema electoral paraguayo.
De allí que la candidatura del exministro de Marito, Euclides Acevedo, y de otros aspirantes a recibir el voto anticolorado, como eventualmente el exsenador Paraguayo Cubas o hasta el exarquero de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilavert, todos por fuera de la propuesta concertacionista, no parecen del todo auspiciosas ni valederas con el fin de tumbar el monopolio del poder que detenta la ANR en casi 80 años.
El acuerdo de 2009
El pacto Lula-Lugo de 2009 tuvo varios efectos positivos para el Paraguay, entre ellos el aumento de la compensación recibida del Brasil por la cesión de energía no consumida en la hidroeléctrica de Itaipú, de US$ 107 millones a US$ 360 millones al año, y que fue refrendado en su momento por el Congreso brasileño después de un largo debate.
Pero lo más relevante quedó, empero, en una mera declaración de intenciones entre los dos gobiernos, hasta llegar ahora a la posibilidad de ponerlo en práctica con la revisión del Anexo C del Tratado, en 2023, con el nuevo gobierno de Lula. Y es la libre disponibilidad para comercializar el excedente energético paraguayo en el mercado brasileño, a precios de mercado, constituyendo un precedente valioso que el gobierno de Lula lo haya reconocido en 2009, por primera vez, al mismo tiempo de la posibilidad de disponer que una parte del mismo excedente paraguayo se pueda comercializar con terceros países.
De hecho, el acuerdo Lula-Lugo fue entonces como la piedra inicial del cimiento a ser acordado ahora con el nuevo gobierno lulista en 2023, según adelantó Efraín Alegre en un posible gobierno de la Concertación.
Como una demostración de la influyente participación del luguismo en el programa de gobierno de la Concertación para la defensa de la soberanía energética, la senadora Esperanza Martínez, presidenta de la coalición opositora, había expresado que el pacto Lula-Lugo fue una muestra de soberanía, identidad nacional y respeto a los derechos del Paraguay en el marco del Tratado de Itaipú. Para la legisladora, desde la época de la firma del documento, en plena dictadura stronista hasta el acuerdo Lula-Lugo, todos los gobiernos que pasaron anteriormente fueron “genuflexos a los intereses del Brasil y dejaron de lado la soberanía del pueblo paraguayo”.
Tras el defenestramiento del poder de Lugo, en 2012, se mantuvo un statu quo en el tema de la comercialización del excedente paraguayo en Brasil a precios de mercado, así como el derecho de venta a terceros países, quedando el asunto supeditado a la revisión del Anexo C en 2023.
Otros resultados positivos del acuerdo Lula-Lugo fueron los recursos destinados a la construcción de la línea de 500 kV entre Itaipú y Villa Hayes, ya en funcionamiento desde hace casi diez años, además del puente de la Integración entre Presidente Franco y Foz de Yguazú, sobre el río Paraná, y entre Carmelo Peralta y Porto Murtinho, sobre el río Paraguay, el primero prácticamente ya terminado, y el segundo en la etapa inicial del proceso de inicio de las obras.
La línea de 500 kV fue financiada con un aporte del Brasil de US$ 450 millones de dólares del FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur) y al respecto Lula da Silva había indicado que los países mayores de la región como Argentina y Brasil “tienen la obligación de ayudar a que los de economías menores puedan dar saltos de calidad en sus capacidades de desarrollo, en su competitividad productiva”.
Se debe recordar que las reivindicaciones sobre soberanía energética del Paraguay en Itaipú formaron parte esencial de la propuesta de gobierno de la coalición opositora formada en 2008 para ganarle al Partido Colorado en las elecciones de dicho año, con Fernando Lugo como candidato a presidente por la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), y siendo ya Lula presidente de Brasil desde 2003.
Para 2023, la Concertación Nacional vuelve a enarbolar la bandera de la soberanía energética, apostando esta vez al cumplimiento por el Brasil de lo ya acordado en el pacto Lula-Lugo de 2009, con la ventaja de tener de nuevo a la cabeza del gobierno del vecino país, a quien firmó dicho acuerdo junto a Fernando Lugo.
Otro significativo hecho es que Lugo apoyaría esta vez la candidatura de Efraín Alegre, según todos los indicios, y como testimonio de ello es que la titularidad de la coalición opositora está a cargo de Esperanza Martínez, que se mantiene leal al titular del Frente Guasu actualmente hospitalizado en Buenos Aires, recuperándose del accidente cerebro-vascular que sufriera en agosto pasado.
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