Una vieja disputa entre un grupo de laicos y el obispo Rogelio Livieres Plano pone en el ojo de la tormenta a la Diócesis de Ciudad del Este. El Vaticano dispuso una “Visita Pastoral”, con el fin de observar la situación y la labor religiosa, además de escuchar a los sectores que cuestionan el accionar del prelado.
En el año 2009, un grupo de laicos denunció una serie de irregularidades supuestamente cometidas por el obispo de Ciudad del Este, Rogelio Livieres Plano. El documento fue remitido al entonces Papa Benedicto XVI y canalizado a través de la Nunciatura Apostólica. Ya en aquel entonces solicitaron al Papa, que intervenga el Obispado de Ciudad del Este y el Seminario Mayor San José.
Acusan a Monseñor Livieres de malversar los fondos sociales que la Itaipu Binacional aportó a la Diócesis en la era de Víctor Bernal, entre los años 2006 y 2008. Según Javier Miranda, uno de los denunciantes, la suma total transferida por la binacional fue de 1.980 millones de guaraníes. Además cuestionan la venta de los inmuebles de la Iglesia Católica a precios irrisorios, así como de proteger a sacerdotes como Carlos Urrutigoity, acusado de pedofilia.
Los propulsores de la denuncia son Javier Miranda, Feliciano Marecos, Francisco Aguayo, Ángel Crispín Silva, Oscar Garcete, Arcadio Osorio y Miguel Candia, quienes fueron sancionados en diciembre de 2008 por Monseñor Livieres, por «promover el desorden y la desobediencia».
Esta guerra declarada entre un grupo de laicos y Livieres se remonta al año 2008 con la llegada del Padre Carlos Urrutigoity al Seminario Mayor San José. Livieres defendió en todo momento a Urrutigoity alegando que realizó las investigaciones correspondientes y que comprobó la inocencia del sacerdote, que según los denunciantes, tiene antecedentes por pedofilia. Este enfrentamiento derivó en la sanción de ocho fieles. Los laicos sostienen además que Livieres margina a los sacerdotes diocesanos, porque no comulgan con su posición dentro de la Iglesia.
Gestión supervisada
En la Diócesis aseguran que las donaciones fueron supervisadas por la misma Entidad Binacional y que antes de que hicieran entrega de una colaboración para el mes entrante, había que justificar cabalmente lo gastado el mes anterior y que los fines se cumplieron perfectamente, explica el Obispo en su blog personal: rogeliolivieres.blogspot.com.
Añade que la entrega mensual de dinero fue para desarrollar programas de asistencia social y moral a la población de Alto Paraná y Canindeyú. Se trata de programas que fueron elaborados y monitoreados por el Departamento de Promoción y Desarrollo de la Diócesis. En el 2008, en cuanto asumió Fernando Lugo la Presidencia de la República, el director de Itaipu (Carlos Mateo Balmelli) recibió la orden de suspender de inmediato la ayuda establecida en el convenio a la Diócesis, según Livieres Plano.
Difamación y calumnia
La serie de acusaciones sobre el supuesto mal manejo de las finanzas de la Diócesis, llegaron finalmente a los estrados judiciales. Livieres Plano denunció a Miranda por difamación, calumnia e injuria, que derivó en un juicio oral y público que se inició el pasado 11 de julio y que en este momento se encuentra en cuarto intermedio, debido a que Miranda recusó a la jueza Carmen Barrios. Livieres Plano pide una compensación de 1oo millones de guaraníes y una condena de 2 años de prisión contra el demandado.
El juicio comenzó antes que las municipalidades de Ciudad del Este y Minga Guazú remitieran sus informes sobre la supuesta venta de un inmueble de la Diócesis y la Contraloría General de la República sobre los gastos de una donación de la Itaipu, según el abogado defensor de Javier Miranda, Wilfrido Delvalle.
Afectado
El Obispo se sintió afectado por declaraciones vertidas por Miranda el 6, 7 y 8 de junio del año 2013, en diferentes medios de comunicación y asegura que desde el 2008 sufre la persecución de Miranda, denigrando su imagen.
El catequista denunció una supuesta venta de parte de un inmueble del Seminario Mayor de la Diócesis de Ciudad del Este, para pagar gastos de casino en el Uruguay de 1 millón de dólares, además de señalar que el Obispo estaba lucrando con los retiros espirituales realizados en la Diócesis y que dudaba de la enfermedad de Livieres.
El Obispo presentó un certificado médico del Hospital Universitario Austral, en la que se enumeran las dolencias que sufre. Sostiene por otro lado, que es cierto que se vendió el inmueble, pero para cubrir gastos del seminario y por otro lado sostiene que el Obispado no administra el dinero de los retiros.
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