Volvería el “abrazo” en ANR para elección de fiscal general

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La doctora María Victoria Rivas firma el lunes 14 ante el Consejo de la Magistratura, su postulación para fiscal general del Estado, siendo la más prominente candidatura vinculada a la Concertación para suceder a Sandra Quiñónez en la jefatura del Ministerio Público en el período 2023-2028.

Escribe: Luis Alen.

 

A un mes de la interna en la ANR y de la oposición, el proceso de selección del nuevo o la nueva fiscal general del Estado replantea la posibilidad de un nuevo “abrazo” republicano anticipado, en vista que el actual partido de gobierno buscará evitar el “tsunami” de investigaciones que podría provenir de una Fiscalía vinculada políticamente a la Concertación opositora, más aún si ésta vence en la elección presidencial de abril y se posesiona del Poder Ejecutivo.

 

 

 

Después de una llamativa escasa nómina de postulantes que apenas pasaba de una docena, súbitamente el último día de inscripción sorprendió el interés inusitado de ministros del gabinete de Marito Abdo, así como de fiscales y abogados relacionados con el cartismo, llegando a 53 los inscriptos para competir por integrar la terna que deberá conformar el Consejo de la Magistratura para la posterior votación en el Senado del elegido por el presidente de la República.

A partir de ahora, más allá de las calificaciones que podrían obtener los aspirantes por sus respectivos currículums, lo cierto es que el organismo nominador de los ternados para la decisión del jefe de Estado deberá llegar a un acuerdo entre sus miembros que podría supeditarse a un nuevo “abrazo” republicano, a la vista de las postulaciones de última hora, que demuestran la eventualidad de presiones políticas fuertes a favor de cada una de las carpas principales coloradas, abdista y cartista, además de una línea adicional que podría estar marcada tanto por la oposición como por alguna “sugerencia” de la misma embajada norteamericana.

La elección del nuevo fiscal general del Estado marcará la esencia del nuevo período presidencial, en su mismo inicio, ya que se plantea como muy necesaria la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, para enfrentar al crimen organizado y a las mafias que amenazan con hacer inviables los planes de gobierno tendientes a conseguir el tan ansiado desarrollo económico y social para todos los habitantes del país, en el período constitucional de cinco años que empieza en agosto próximo.

Se puede dar el caso que la elección anticipada del fiscal general, posiblemente en el mes de diciembre, podría mostrar la tendencia a seguir con el nuevo gobierno, sea éste de extracción colorada o proveniente de la coalición opositora.

Es por eso que resulta clave la formación de una mayoría senatorial destinada a aprobar o rechazar al candidato del Ejecutivo, atendiendo a la necesidad de precautelar los cambios necesarios a nivel de la Justicia con el fin de asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos así como de las personas en general, para llevar a la práctica uno de los postulados sociales básicos como es la igualdad de oportunidades para todos en el marco del cumplimiento estricto de la ley.

 

Un proceso más árduo

El repentino interés por la silla de Sandra Quiñónez plantea interrogantes de gran calado, pues en los días previos la escasa cantidad de abogados postulados para concursar ante el Consejo de la Magistratura sugería que estaba casi asegurada una terna con la mayor parte de posibles candidatos afines al Ejecutivo.

La nueva realidad de un trabajo más arduo en la selección de los aspirantes configura de hecho la previa y casi obligatoria necesidad de Marito de auscultar una mayoría tanto en el Consejo como en el Senado, que le sea funcional a su elección con el fin de evitar algún eventual rechazo a su ungido para el cargo más estratégico con vistas a su mismo futuro como expresidente y senador vitalicio.

La oposición debe también estar atenta a las maniobras de la ANR en el proceso de selección, ya que los colorados abdistas o cartistas querrán seguir controlando un puesto que es vital no sólo para acompañar sin mayores sobresaltos judiciales una nueva gestión colorada en la presidencia, sino por sobre todo para evitar que la oposición se lleve un “combo perfecto” con un triunfo electoral en abril acompañado de un fiscal general afín desde el 18 de marzo, fecha en que llega a su término la gestión de Quiñónez.

La mayoría de los aspirantes a la jefatura del Ministerio Público son de extracción colorada y por eso mismo podrían ser más proclives al continuismo de seguir aplicando los “pareceres” de los poderes fácticos o políticos, en los casos en que las investigaciones penales de la fiscalía afecten a los peces gordos vinculados por ejemplo a la narcopolítica.

Pero tampoco se puede descartar la tendencia de marcar una independencia con respecto a la clase política, como las opiniones realizadas por ministros o asesores de Marito que se presentaron al concurso, de buscar una fiscalía independiente de la influencia de los partidos.

De allí que surge como una interesante novedad la presencia de postulantes de nombradía, como el caso de la doctora María Victoria Rivas, adherente del Partido Patria Querida y por lo tanto afín a la Concertación opositora, que fue fiscala general adjunta y ahora es directora de una organización no gubernamental (ONG) vinculada al ámbito judicial, el Centro de Estudios Judiciales (CEJ)

La posible conformación de una terna con calificadas figuras y que podrían hacer realidad la independencia de la Fiscalía y del Poder Judicial, con la posterior elección de una de ellas para el cargo de fiscal general, lleva a concluir que el presidente Mario Abdo tiene ante sí la posibilidad de quedar ante la historia como quien lanzó la primera movida para concretar los primeros pasos tendientes a una profunda reforma en la administración de justicia del Paraguay.

Pero si opta en cambio por el “abrazo republicano” con el cartismo y el apoyo de algunos opositores satélites “rentados”, se estaría nuevamente en presencia de un oprobioso pacto de impunidad como los que jalonaron su presidencia de cinco años y que le permitieron sortear dos juicios políticos.

La eventual vuelta del “abrazo” entre Marito y HC por la fiscalía general sube de punto cuando se abre la posibilidad de investigaciones sobre los gobiernos de ambos, entre 2013 y 2023, en un gobierno de la Concertación. Por lo tanto, la elección del nuevo fiscal general se presenta a estas alturas casi al mismo nivel del resultado en las internas de los partidos el 18 de diciembre, por lo que apunta incluso a ser parte importante del escenario político de cara a las elecciones generales.

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