Escribe: Luis Alen.
Marito Abdo no estuvo en Caacupé para evitar el “lavado de cabeza con abundante champú” de parte de la Iglesia Católica, pero no puede eludir la responsabilidad por el malestar social incentivado por la creciente inflación de los últimos meses, en momentos en que también se nota una acelerada merma de su liderazgo político, cuando aún falta más de un año y medio para el cierre de la gestión presidencial.
Como era de esperar, los obispos no utilizaron rodeos en sus homilías y fueron directamente a la causa de los problemas que aquejan a la sociedad paraguaya, para atribuir la actual crisis económica y social a la conducción política nacional encabezada por Mario Abdo, y en especial pusieron énfasis en lo que ya sabemos se encuentra la base de todo el drama, como es la falta de voluntad para luchar contra la corrupción en el Estado, amparada por la impunidad que le otorga el Poder Judicial.
En la misa central de la solemnidad de la Virgen María, además del presidente faltaron los otros titulares de poderes del Estado, y sólo se pudo notar la presencia en primera fila de algunos ministros del Poder Ejecutivo, de la fiscala general Sandra Quiñónez, así como de la senadora Lilian Samaniego.
Marito optó por ir a San Pedro para visitar a la familia del nuevo secuestrado por el EPP, quien es miembro de la comunidad menonita cuyos integrantes constituyen ya la “clientela” preferida de los delincuentes que asolan el Norte del país, sin que las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona puedan hacer nada por devolver el orden y el sosiego a la sufrida población productora agrícola y ganadera.
No es de extrañar que Abdo Benítez haya querido eludir las críticas, porque la actual evolución política no le es nada favorable, por cuanto existen preocupantes señales de que va perdiendo su liderazgo político en forma acelerada, pese a que aún faltan casi 20 meses para la entrega del mando el 15 de agosto de 2023.
Como prueba de esta afirmación se tiene la división creciente de la bancada de Colorado Añetete en el Senado, al mismo tiempo que el vicepresidente Hugo Velázquez, quien aunque ungido como eventual candidato oficialista podría formar su propio movimiento electoral por la necesidad que tiene de desmarcarse del clamoroso fracaso en la gestión gubernamental y como forma de convencer a las huestes republicanas que hasta hoy lo miran con recelo y podrían preferir eventualmente al candidato cartista, el ex afiliado liberal Santiago Peña.
Es que el electorado colorado, e incluso el opositor, percibe que el poder real se halla en manos de Horacio Cartes, cuyos tentáculos en el Ministerio Público y en la Justicia le permiten erigirse como el “hombre fuerte” del país, con el agregado del envidiable soporte de un poderío económico que podría volcar a su favor la interna de la ANR de fines del año próximo.
Como prueba de la imposibilidad de enfrentar a HC en el ámbito que domina, como es la economía “negra” o “gris”, los de Añetete dudan en ratificar en el Senado el convenio internacional destinado a combatir el contrabando de cigarrillos a nivel mundial, y que le tiene al Paraguay como uno de los principales actores de ese mercado tildado de ilícito, pero que con el aporte de China comunista y los Emiratos Árabes Unidos mueve cantidades multimillonarias en dólares.
Por si esto fuera poco, también la bancada que aún le responde al presidente en Diputados, da largas al proceso de intervención contra el gobernador cartista de Central, Hugo Javier González, quien es acusado por la Fiscalía de perjuicios monetarios al Estado que hoy ya alcanzan casi G. 50 mil millones, según los números que manejan los propios agentes fiscales de Sandra Quiñónez.
Justicia lenta y presionada
La Justicia se halla atenazada por los intereses espurios que influyen sobre ella, en simultáneo con las presiones fuertes que recibe para ponerse a tono con la necesidad de luchar contra la corrupción, que es el factor alimentador de la gran economía subterránea del Paraguay.
El juicio que se encuentra en sus tramos finales, por lavado de dinero y otros delitos que soporta el clan político González Daher, y al cual se atribuye nada menos que una suma de alrededor de US$ 1 mil millones que no ha podido explicar con documentos de cómo los ha obtenido, resulta como una película digna de Netflix sobre la forma en que se maneja la economía “negra” con sus conexiones políticas y judiciales.
Sin la protección que brinda la hermandad mafiosa empotrada en la política, los González Daher, el fallecido Óscar y su hermano Ramón, nunca habrían podido manipular a su antojo los estrados judiciales que le fueron siempre funcionales para sus propósitos de atesorar una incalculable fortuna sospechada de fraudulenta y obtenida por métodos hasta extorsivos, según la denuncia de los deudores afectados por los usureros.
Pero la presión de la Embajada norteamericana pudo más y ahora pende sobre Ramón el pedido de la Fiscalía de una pena de 15 años de prisión, al mismo tiempo que la mitad para su hijo. Ni siquiera el tráfico político de influencias y el apoyo cartista le fueron suficientes para evitar ser investigados por haberse enriquecido a través de préstamos usurarios afectando a muchos ciudadanos, incluyendo a conocidos empresarios, sin que la Subsecretaría de Tributación (SET) o la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD) se hayan percatado en su momento de los astronómicos movimientos de fondos sospechosos.
Resultó significativo que en la sala de juicio oral contra González Daher, acompañando a la fiscala general Quiñónez se haya ubicado detrás de los fiscales acusadores el agregado de justicia de la Embajada de EE.UU., Brian Scaret, siguiendo atentamente el desarrollo tanto de los planteos fiscales a cargo del equipo dirigido por Osmar Legal, como de la conducción de los jueces, como queriendo indicar que la potencia del Norte tiene mucho interés en que por fin salga alguna pena fuerte en el Paraguay contra la corrupción y el lavado de dinero, que son la fuente de la cual se nutre la extendida economía negra de nuestro país.
El presupuesto es un reflejo
No escapó a la mención de los obispos en Caacupé, el tema del manejo totalmente discrecional del presupuesto nacional 2022, que fue aprobado con un extraordinario déficit financiado por un descomunal endeudamiento, complicando las posibilidades de una recuperación económica firme y condicionando al futuro gobierno a afrontar pagos exorbitantes de la deuda externa fuera de toda posibilidad de cobertura con los ingresos procedentes de impuestos.
El cálculo de gastos presupuestarios refleja que Marito Abdo y los políticos optan por lo más cómodo, de llevar al déficit fiscal mucho más allá de lo permitido a pesar de la promesa de ponerle un límite en el 3 por ciento del PIB. Se acude así al expediente de un mayor endeudamiento estatal, por la limitación que impone la nula posibilidad de incrementar la recaudación tributaria a causa de la informalidad económica.
Con la inflación ya superior al 7 por ciento anual en noviembre de 2021, también se acudirá seguramente a la licuación del déficit fiscal con la escalada inflacionaria, en la peor de las opciones porque se cae en un círculo perverso donde la población más pobre sale perdiendo siempre, mientras la economía negra sigue gozando de buena salud.
El obispo de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, puso el broche de oro en su alocución al término de la misa, mencionando lo que los políticos no quieren escuchar, y menos aún Marito: que urge retomar el abandonado proceso de reforma del Estado como forma de poner en ejecución “la organización de la esperanza”, en palabras del Papa Francisco.
Pero la reforma estatal deberá estar acompañada de la voluntad política para reducir la informalidad económica, que por lo que se ha visto en la pandemia e incluso en los años anteriores, no resulta el camino para disminuir la pobreza, sino que, por el contrario, parece ser la verdadera causante del atraso y la miseria.
Es una verdad indiscutible que el progreso económico de los sectores formales de la economía, podría ser mucho mayor si es que se logra reformar el Estado y bajar sustancialmente la informalidad económica. Resulta una tarea que deberá acometer en forma ineludible el próximo Gobierno que surja de las elecciones generales de 2023.
Facebook Comentarios