Escribe: Luis Alen.
Los ejes programáticos de la oposición están siendo consensuados con miras al 2023, abarcando propósitos económicos y sociales ineludibles, pero donde finalmente se verá la solidez de las propuestas es a través de la defensa de la democracia, el estado de Derecho y la lucha contra la impunidad del sistema judicial apadrinado por la actual entente del abrazo republicano abdo-cartista.
La Concertación Opositora va tomando forma al aparecer los candidatos que se alistan con el objetivo de llegar al poder, pero el mayor desafío viene por el lado de un plan detallado de gobierno a partir de ejes programáticos que deben ser socializados en pocas semanas más de tal manera a convencer a la ciudadanía, no meramente con nombres conocidos de líderes políticos sino con una plataforma sólida, para que no sólo gane el mejor candidato sino una propuesta convincente.
Después que el PLRA diera vía libre a su inclusión en la proyectada coalición electoral opositora, el siguiente paso se va concretando para hacer realidad la figura de la Concertación que unirá a las principales fuerzas y movimientos que desean tumbar del poder a la ANR en 2023.
Sin desconocer que la figura de una dupla presidencial atractiva para los votantes puede ser un factor clave, así como los nombres de posibles integrantes de las listas para el Congreso, más que nunca se deberá apostar por el cambio en la forma de conducir la nación, realizando con sumo esmero la confección del plan de gobierno que se propondrá al electorado.
Ciertamente, el primer problema serio radica en el consenso para una plataforma común, entre fuerzas con distinta extracción ideológica, pero unidas ante el desafío del fin compartido de un cambio en el país.
Así, la opción electoral por la concertación opositora no implicará necesariamente el triunfo de un candidato atractivo o de una dupla presidencial determinada que sea popular, sino definitivamente significa también que el programa de gobierno a poner en acción por la coalición ayudará a aplicar políticas que lleven a superar los grandes problemas nacionales, como son la pobreza, la corrupción y la mala asignación de los recursos económicos a que da lugar la impunidad de la actual clase política, entre otros aspectos claves de nuestra realidad social.
La debilidad institucional
El equipo técnico encargado de redactar las bases programáticas de la oposición lleva a cabo encuentros donde se van conociendo las propuestas entregadas por los referentes de los partidos, movimientos y organizaciones sociales que se vuelcan con decisión a cambiar la actual situación política nacional, caracterizada por la debilidad de las instituciones, que casi ya están cayendo en mano de narcopolíticos y de padrinos vinculados al crimen organizado.
Precisamente, a nadie escapa que una de las bases para un buen gobierno radicará en la plena vigencia de las leyes de la República, por lo que el Poder Judicial deberá ser fortalecido indudablemente, con el fin de otorgar la seguridad física y jurídica que tanto reclaman actualmente los habitantes del país.
De nada valdrá una excelente plataforma programática sin la garantía de la fortaleza institucional, porque la gobernabilidad tendrá que tener como sustento nada menos que la lucha contra la impunidad promovida por el actual sistema judicial apadrinado por el grupo político que domina la ANR y a sectores de la misma oposición, como es el cartismo, cuyo jefe es el Patrón Horacio Cartes, que hasta se puede decir es el aval para la permanencia en su puesto del presidente Marito Abdo.
Ejemplos sobran actualmente de cómo hay opositores acusados de ser “rentados” por el cartismo, que ni siquiera ocultan tal despropósito para un integrante de la oposición, cuando votan en el Senado, en Diputados y en juntas departamentales o municipales por las directivas que proceden del Quincho del Patrón HC.
Por eso, la Concertación tendrá una dura prueba desde ahora con el fin de afirmar su propuesta anticorrupción y contra la impunidad, con la definición que deberá adoptar la oposición en cuanto a la lucha anticontrabando de cigarrillos, durante el tratamiento en el Senado del protocolo internacional sobre el tráfico ilícito de tabaco, que ocurrirá el próximo 19 de mayo.
El eje democrático
Además de tratar de responder a los legítimos reclamos ciudadanos de lucha contra la pobreza, de una mejor educación, de la cobertura general en salud y de un sistema adecuado de protección social, la Concertación tendrá que afrontar el grave problema de mantener la credibilidad de los inversionistas en la estabilidad macroeconómica.
Se puede afirmar sin temor a equívocos que la mayor prueba para el conjunto de ejes programáticos de la oposición para un hipotético gobierno, radica en que la democracia puede tambalear y ser sometida a presiones sociales tremendas, si es que no se tiende a un equilibrio de los principales indicadores económicos.
Todo esto con el fin de sostener un desarrollo basado en el crecimiento económico, baja inflación y solidez monetaria cimentada en el balance fiscal que tienda a corregir la actual tendencia a un elevado déficit presupuestario financiado por una galopante emisión de bonos soberanos y endeudamiento externo e interno cada vez más incrementado.
Por este motivo, un eventual gobierno de la actual oposición tendrá que tener como postulado ineludible tender a la plena formalización de la economía, con impuestos bajos pero de estricta aplicación al conjunto de la población, empezando por las personas de mayor renta y riqueza.
Que el Paraguay opte por un eje programático que apueste por la vigencia de la democracia y un orden jurídico creíble, promoverá las inversiones que tanto necesita el país para su desarrollo.
En un mundo en donde se vuelve a la polarización entre democracia y autocracia, el hecho de pertenecer al primer modo de vida nombrado, le proporcionará a nuestra economía un atractivo firme para las inversiones que pueden venir a elaborar aquí productos originados en la alta tecnología que necesita de fuentes de energía renovables, que son las que el Paraguay posee y puede desarrollar.
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