Escribe: Luis Alen.
Fue presentado ante el Senado el pedido de pérdida de investidura de Horacio Cartes como senador vitalicio, por mal uso de sus fueros al no ir a declarar ante el llamado que le hizo la comisión bicameral que investiga el lavado de dinero y el caso del avión venezolano-iraní que llevó cigarrillos de Tabesa a la isla caribeña de Aruba. Todo depende ahora de una mayoría de votos decisivos de los colorados oficialistas en unión a votos opositores.
La deficiente gestión de la fiscala general Sandra Quiñónez ya tuvo tres intentos fallidos de juicio político y ahora existe un cuarto en camino, pero sigue tan campante con el apoyo del poder fáctico de HC.
Es el resultado de la protección política que evita las investigaciones eficaces del Ministerio Público y del Poder Judicial para llegar a las condenas con el fin de sancionar a los promotores de la gran lavandería “made in Paraguay”.
Nuestro país, es cierto, pasó raspando la evaluación del GAFILAT, pero sólo porque presenta avances positivos en la legislación y los procedimientos iniciales de detección del lavado de activos, pero todo depende a partir de ahora del accionar de las instituciones encargadas justamente de actuar con firmeza contra el mecanismo muy aceitado de lavado de dinero procedente no sólo del narcotráfico, sino de otros delitos vinculados a la corrupción estatal y privada.
Lo concreto es que el sistema antilavado paraguayo adolece de una gran deficiencia en el proceso investigativo en el plano fiscal-judicial, lo que dificulta avanzar a la condena penal firme de los imputados.
Se confirma así lo ya sospechado de la protección política del poder fáctico a la gran lavandería de dinero ilegal que hasta podría estar financiando al terrorismo internacional.
Las más recientes declaraciones de corrupción “significativa” de los Estados Unidos apuntaron directamente contra cabezas visibles de la política nacional, como Horacio Cartes y Hugo Velázquez, pero hay que recordar que también alcanzaron anteriormente a procesados por lavado como el fallecido exsenador Óscar González Daher y también se les negó la visa a algunos empresarios de Ciudad del Este.
Al ser conocido el informe del GAFILAT, conteniendo la nota más baja para la Fiscalía y la Justicia, ahora tiene mayor explicación la “corrupción significativa” de HC y el “Toro”, pero especialmente del empresario tabacalero, cuyo poder fáctico necesita estar unido al poder legal, siendo el motivo de su empecinamiento ya obsesivo de buscar, a través de interpósita persona, el manejo a control remoto de la presidencia de la República.
Esto, a pesar del notorio retiro, en el caso de HC, de la credencial casi obligatoria que otorgan los norteamericanos para alguien que se alce con el control del poder en el país, sea legal o fáctico.
En cuanto a Velázquez, basta decir que al renunciar a su candidatura presidencial lógicamente abandonó la lucha entablada con HC por el poder fáctico, dejando además el terreno prácticamente libre para el triunfo de Santi Peña.
Pero todavía restan tres meses de campaña para que el nuevo abanderado oficialista, Arnoldo Wiens, recupere una parte del terreno perdido con miras a la interna de la ANR, para después ver quién enfrentará a los candidatos de una oposición que lamentablemente iría dividida, a estar por las candidaturas más aglutinadoras del liberal Efraín Alegre, en la Concertación, y del exministro del Interior y excanciller del gobierno abdista, Euclides Acevedo, quien se propone armar una suerte de tercera fuerza emergente monitoreada por un sector de la izquierda.
Pérdida de investidura
Un nuevo nubarrón se cierne para Cartes en el horizonte político antes de las elecciones, ya que el senador liberal Salyn Buzarquis presentó el proyecto de resolución que dispone la pérdida de investidura de HC como senador vitalicio, que al estar amparado en sus fueros se niega a ir a declarar ante la comisión bicameral de investigación parlamentaria sobre lavado de dinero y lo quiere hacer por escrito.
La comisión que preside el senador Jorge Querey, candidato a vicepresidente formando dupla con Euclides, se niega a redactar las preguntas para una contestación escrita de Horacio, insistiendo en obligarlo por orden judicial a una declaración presencial, pero hasta hoy ningún juez se animó a ordenar la comparecencia de HC, apelando al uso de la fuerza pública si fuere necesario.
Pero Querey también advirtió que una mayoría eventual para no cancelar la senaduría vitalicia que tiene rango constitucional para los expresidentes, llegaría a sentar un precedente peligroso que incluso podría ser utilizado en favor del mismo Cartes o de otro legislador que se niegue a ir a declarar ante una comisión bicameral de investigación amparado en el fuero.
La actitud de Cartes de negarse a colaborar con la investigación parlamentaria sobre sus negocios oscuros, muestra de cuerpo entero cómo el empresario devenido en hombre fuerte de la política paraguaya se ha parapetado en el poder que tiene, seguro de su gran caudal monetario y tras sumar últimamente adherentes de la política a fuerza de mantener lealtades “a platazo limpio”, como se demostró de sobra en la última votación en Diputados que salvó de nuevo a la fiscala general Quiñónez.
La votación en el Senado para una pérdida de investidura dependerá finalmente de los senadores colorados oficialistas, donde no se sabe hasta qué punto tendrán la “bajada de línea” de Marito Abdo o del mismo Hugo Velázquez. Este último, al no renunciar a la vicepresidencia aún tiene alguna influencia en las carpas de Fuerza Republicana, ya que también está pendiente de que no se presente en su contra un pedido de juicio político en Diputados, como una venganza del cartismo en el caso que los senadores oficialistas se plieguen al pedido opositor de expulsión de HC de su condición de senador vitalicio.
Lo que Horacio debe ir calculando es cuánto le va a costar mantener a cualquier precio su investidura como senador vitalicio y sus fueros, que los quiere utilizar para escudarse en ellos con el fin de eludir el interrogatorio de la comisión bicameral o eventualmente de una solicitud de la justicia para su extradición a pedido norteamericano.
Esta nueva situación que le afecta a Horacio puede constituirse en la antesala de lo que podría venir después con el pedido de extradición de Estados Unidos, por los motivos ya adelantados en la designación de “significativamente corrupto”.
Huelga decir que una pérdida de fueros ya ahora, facilitará más aún el proceso de extradición y un trámite rápido en la justicia para una posterior decisión en la Corte Suprema, llegado el momento.
Está visto entonces que todo apunta hacia la dirección ya sugerida por Estados Unidos, que si no cesa el poder de HC sobre la Fiscalía y la Justicia, podría disponer de los expedientes que ya tiene en curso de investigación, para allanar el camino hacia un proceso judicial del empresario en el país del Norte, con el inevitable pedido de extradición.
Conexión con el terrorismo
Para Estados Unidos está claro que cualquier intento de mantener incólume en Paraguay el mecanismo de la lavandería de dinero sucio, con la protección política de por medio, tiene los días contados, ya que no permitirá que siga el lavado de activos cuyas ganancias van a parar a los terroristas, principalmente en Medio Oriente, donde están los principales enemigos acérrimos de USA.
El informe de GAFILAT sobre la evaluación al país en materia de lucha contra el lavado, saca de cualquier equívoco al respecto, cuando afirma que “algunas autoridades no desprenden el concepto de financiamiento del terrorismo con el de terrorismo, lo cual pudiera limitar la efectividad de actividades dirigida a mitigar los riesgos propios del financiamiento al terrorismo, sobre todo por lo que se refiere a la investigación y persecución de dicho delito que se materializa con la pura financiación y no requiere que se materialice un acto terrorista determinado, ni al interior del país, ni fuera del mismo”.
Es decir, para Estados Unidos no hay vuelta de hoja: la gran lavandería sostiene al crimen organizado, pero también éste se halla ligado a las organizaciones terroristas, en una alianza que permite el financiamiento de éstas últimas que se orientan a erosionar el poder de la primera potencia mundial.
Por ello, el hecho de utilizar los circuitos financieros mundiales y norteamericanos por parte de los narcos, lleva inevitablemente también a pensar que los terroristas están haciendo lo mismo, para hacer circular su dinero concretando negocios prohibidos, por ejemplo hasta de narcotráfico, con tal de financiar sus únicos y verdaderos propósitos de violencia política.
La última designación de Horacio Cartes es el resultado de esta constatación, porque indudablemente Paraguay posee ya un ordenamiento jurídico apto para el combate al lavado, pero aún el nivel de investigaciones fiscales y judiciales es bajo, según GAFILAT, como lo indica que desde 2015 a julio de 2021 sólo se conocieron 27 sentencias contra lavadores, lo que demuestra la poca efectividad en esta materia en lo que hace a la última etapa del proceso penal, que estaría a merced sin lugar a dudas del poder fáctico de la protección política, que a su vez ampara la corrupción y la impunidad.
Es lo que el gobierno norteamericano fundamentó con la declaración de “corrupto” a HC, al decir que “utilizó la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen trasnacional que involucró a su socio”, en referencia al rey de los “doleiros”, Darío Messer, su hermano del alma según reconoció el mismo Horacio.
Agregó el gobierno de Washington que “la obstrucción de Cartes fue diseñada para mitigar el riesgo político y legal para sí mismo. Esto le permitió seguir participando en actividades corruptas, incluyendo sus lazos con organizaciones terroristas y otras entidades sancionadas por los Estados Unidos”.
Y aquí viene el motivo de la sanción de negarle a HC el ingreso a territorio norteamericano y la posibilidad posterior de la extradición, pese a lo que se quiere interpretar en ciertos sectores políticos afines al cartismo como una “intervención” en los asuntos internos: “Seguirá el combate a la corrupción y la impunidad que socavan la confianza del pueblo paraguayo en sus instituciones democráticas”, replicó el embajador Marc Ostfield.
Ahora se entiende también por qué vino la sanción contra HC y la posible adopción de otras medidas adicionales, al conocerse la poca o nula investigación de la Fiscalía paraguaya de Sandra Quiñónez sobre el caso del avión iraní-venezolano, posiblemente vinculado a negocios con el terrorismo internacional, que vino a llevar a Aruba en mayo pasado, en forma subrepticia, un cargamento de cigarrillos de la tabacalera de Cartes, Tabesa, por un valor de US$ 800 mil, pocos días después del asesinato en Colombia del fiscal Marcelo Pecci, de la unidad contra el crimen organizado que disfrutaba de una playa del Caribe en plena luna de miel.
La incursión del avión iraní sobre Sudamérica quedó abruptamente terminada en junio con su retención en Buenos Aires, por orden de un juez argentino, que luego recibió el reclamo de la justicia norteamericana que solicitó decomisar la aeronave por violar sus leyes comerciales y las sanciones de Estados Unidos contra Irán.
Es conocida igualmente la posición norteamericana de priorizar la lucha contra el crimen organizado trasnacional si éste pone en peligro su seguridad nacional cuando actúa aliado con el terrorismo internacional.
Aunque el trágico final de Marcelo Pecci es atribuido a una orden proveniente de Paraguay, su financiamiento y posterior consumación por elementos del crimen trasnacional revela una fuerte implantación de una mafia de influencia continental, que ya debe preocupar a Estados Unidos porque puede amenazar a su seguridad nacional, más aún si está aliada con el terrorismo de filiación islámica.
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